El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado hoy que los cambios previstos en la ley de Costas no pretenden introducir "desmanes urbanísticos" en el litoral, sino corregir las arbitrariedades que ha originado la actual.
Respondía así en el Pleno del congreso a una pregunta de la diputada socialista María Luisa Carcedo sobre cambios en el modelo de gestión de la costa asturiana por la modificación de la Ley de Costas.
El ministro señaló que en Asturias tendrá los mismos efectos que en el resto al tratarse de una ley estatal.
Carcedo, que ha defendido la actual norma y la protección del dominio público marítimo terrestre que contiene, ha indicado que el litoral asturiano es uno de los mejores conservados del país debido a la cogestión de las administraciones.
En su opinión, la modificación de la ley de Costas "para solucionar problemas puntuales" los generalizará, ya que empeorará los cambios de uso del litoral.
Cañete, que ha dicho coincidir en defender la belleza del litoral asturiano, ha agregado que las variaciones en la ley pretenden corregir las arbitrariedades que ha originado "la rápida aplicación y la interpretación diversa" que se ha hecho en los distintos territorios de este instrumento legislativo.
Ha asegurado que se respetará el reparto competencial y se coordinará la política medioambiental, así como las recomendaciones de un informe del Parlamento europeo, que instaba al Gobierno a modificar urgentemente la ley de Costas, para proteger los derechos legítimos de propietarios de viviendas en el litoral.
El ministro ha precisado que se trata de ciudadanos que poseen pequeñas parcelas en zona de costas que no tienen un impacto negativo en el medio ambiente costero.
A su juicio, las modificaciones quieren corregir "las reincidencias y las ineficacias" de la actual, para garantizar mejor la protección del dominio público marítimo terrestre.
Se cambiará la forma de gestión "con una mejora del modelo de protección de la costa", en el que se respetarán los derechos y las "legítimas expectativas" de los ciudadanos, y se aplicará de forma homogénea en todo el territorio.
Sus objetivos son mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y hacer compatible la protección del espacio natural del litoral con una actividad económica generadora de empleo y sostenible, lo que no supone alterar los valores medioambientales del litoral y "menos de la costa asturiana".