La deuda sanitaria no visible de las Comunidades Autónomas (conciertos con hospitales privados, servicios externalizados y no asistenciales o farmacias) supera los 4.100 millones de euros, que se suman a los 11.600 millones que las autonomías deben por suministro de medicamentos y de tecnología.

Así se recoge en un informe sobre "Deuda pública con el sector sanitario privado", del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) hecho público ayer, que advierte de que el elevado déficit de las administraciones públicas y la necesidad de reequilibrar su presupuesto tiene un alto potencial de impacto en el gasto sanitario público y en la deuda acumulada.

El gasto sanitario público es el principal componente de los presupuestos de las comunidades autónomas (32,2% del total).

Aunque al comienzo de la crisis, el presupuesto sanitario de las CCAA seguía incrementándose de forma global, dicho incremento se ha reducido considerablemente y ha llegado, incluso, decrecer en el periodo 2010-2011 (-3,9%), señala el informe.

No obstante, el ajuste no ha sido homogéneo en todas las comunidades autónomas.

Así, La Rioja, Murcia y Madrid han aumentado su presupuesto para sanidad (un 5,4, 1,9 y 0,8%, en cada caso), en tanto que Baleares lo ha mantenido.

El resto de autonomías lo han reducido, especialmente Canarias (-11,1%), Cantabria (-8,3%) y Cataluña (-7%).

La deuda sanitaria pública afecta al conjunto de los proveedores del sistema sanitario y el informe la clasifica en dos grandes grupos: la deuda visible y la no visible.

Esta última engloba conciertos de lista de espera con hospitales privados, modelos de colaboración público-privada, oficinas de farmacia, empresas de servicios no asistenciales (limpieza, cocina, lavandería, archivo, etc.) y deuda no contabilizada.

La deuda visible a finales de 2011 se situó en cerca de 11.600 millones de euros, de los que 6.369 millones corresponden a suministro de medicamentos y los 5.230 restantes a la contraída con las empresas de tecnología sanitaria.

Esta deuda se ha incrementado en 3.043 millones (un 35,6%) en el periodo 2010-2011.

El informe precisa que el cálculo de la deuda sanitaria no visible es especialmente complejo debido, fundamentalmente, a la gran diversidad de agentes privados con los que interactúa la administración sanitaria (tanto por tipología como por número).

Además, la no obligatoriedad por parte de las entidades privadas de desglosar las deudas de sus clientes y, en concreto, las de la administración pública, y el insuficiente desglose en las partidas presupuestarias a las que asignan los acuerdos o conciertos con el sector privado contribuyen también a esa complejidad.

El gasto sanitario anual en conciertos asciende a 7.300 millones de euros y la deuda de las administraciones públicas con el sector privado y concertado se estima en 2.171 millones, de los que 709 millones corresponde a conciertos sanitarios con la red pública y, 1.462 millones a clínicas privadas propiamente dichas.