Patricia Suárez Izquierdo no ha tenido una vida fácil. Lo dice ella y lo corroboran desde el Instituto Canario de Vivienda.

Tuvo a su primer hijo joven, con 17 años, y tuvo que dejar la casa de su abuelo, donde residía con él, por graves problemas con el marido de su madre que prefiere no especificar.

De ahí, Patricia pasó a un centro de acogida y después a un piso tutelado. Ya entonces formalizó su inscripción como demandante de una vivienda de segunda adjudicación (de segunda mano). Fue en el año 2002.

Con el tiempo se volvió a enamorar y tuvo otro hijo, pero se separó y, también, con graves problemas de fondo. Así, tuvo que abandonar la casa de su suegra, donde residía. Y, en la actualidad, está recogida con sus dos hijos por una amiga. "El tiempo va pasando y me puedo ver, de un momento para otro, en la calle", dice Patricia.

En su momento, ella ganaba lo suficiente para sufragarse un alquiler, ya que contaba con dos trabajos como limpiadora. Pero, hace cuatro años, cuando nació su hija, dejó uno de ellos para ocuparse de ella. Ahora, aunque ha intentado buscar otro empleo, no le ha sido posible. Así, sobrevive con los 431 euros al mes que gana por limpiar cuatro horas. Y con este sueldo, asegura, le daría para pagar un alquiler pequeño, como los que facilita el Instituto Canario de Vivienda, pero nunca el de un piso privado.

Patricia asegura que le han dicho que su caso era "urgente", pero ella se pregunta qué significa en tiempo ese adjetivo. También detalla que "el mes pasado" le explicaron que el "1 de febrero" iban a empezar a revisar todos los casos, dando prioridad a los urgentes.

De hecho, en el Instituto Canario de Vivienda conocen perfectamente los vericuetos de la vida de Patricia y reconocen que es la primera en la lista. "Es verdad que está en una situación complicada, pero a veces los trámites tardan más de lo que se quiere", resumen fuentes del citado Instituto.

Otro de los posibles motivos de la ralentización es que cuando Patricia tenía dos trabajos como limpiadora la quitaron del listado de demandantes de vivienda. El motivo fue que uno de ellos lo desarrollaba en Guajara (La Laguna), aunque el otro era en Santa Cruz. Ella reclamó y volvieron a ponerla en la lista.

Este tipo de problemas han hallado la solución más idónea desde el pasado año, cuando se abrió el Registro Público de Demandantes de Viviendas. Fuentes del Instituto Canario de la Vivienda explicaron que con anterioridad a este registro los demandantes se inscribían en su Ayuntamiento. Sin embargo, ahora se trabaja con una base de datos única y los demandantes pueden solicitar cita por medio de la página web para consultar cómo va su casa.

Sin embargo, en el caso de Patricia este cambio significó volver a presentar de nuevo todos los papeles. "Yo me muevo para papeles todo lo que haga falta, pero el tiempo va pasando y yo me puedo ver de un momento a otro en la calle", resume Patricia. Añade que la amiga que la ha recogido no puede darle cobijo a ella y sus dos hijos eternamente.

"Si nos quedamos en la calle, yo y mi hija iríamos a un centro, pero a mi hijo lo mandan al Albergue municipal", se lamenta. Ese futuro espera que no llegue, porque "si a una familia la separas, qué es lo que estás haciendo".

Por eso, también ha pedido entrevistarse con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, en tres ocasiones: el 6 de septiembre de 2011, el 14 de junio de 2011 y el 9 de enero de 2012. En esta última ocasión le adjuntó, incluso, una carta manuscrita, pero no ha obtenido ninguna respuesta.

Patricia tiene la certeza de que la intermediación del alcalde la podría ayudar, aunque la viviendas de protección oficial dependan del Gobierno de Canarias.

Como último recurso, expone su caso públicamente en el periódico y la acompañan sus hijos. El mayor estudia un módulo de Peluquería y la pequeña la ayuda a sobrellevar los sinsabores de una vida nómada con su perenne sonrisa.