La comisión que investiga la represión en Siria ha entregado al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos una lista con nombres de responsables militares y gubernamentales sirios autores de crímenes contra la humanidad.

La comisión, creada en septiembre por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, difundió hoy su segundo informe, en el que informa de que tiene pruebas de que varios individuos, entre ellos altos cargos militares y gubernamentales, "son responsables de crímenes contra la humanidad y otras graves violaciones".

Los nombres de estos individuos han sido escritos en una lista y entregados en un sobre lacrado al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para eventuales procesos judiciales.

La lista identifica también a determinadas unidades del ejército, a agencias de seguridad y a grupos vinculados al opositor Ejército Sirio Libre (ESL), sospechosos también de graves crímenes desde que comenzó la revuelta en Siria en marzo del año pasado.

Esta es la principal novedad del nuevo trabajo de la comisión de expertos, presidida por el brasileño Paulo Pinheiro, en el que se expresa la convicción de que las graves violaciones de los derechos humanos responden a "una política de Estado", que se origina "en las instancias más altas de las fuerzas armadas y el Gobierno".

La comisión también documenta "ejemplos de graves abusos de los derechos humanos cometidos por miembros de diversos grupos del Ejército Libre Sirio (ELS)", aunque matiza que la escala y la organización "no es comparable" con la violencia estatal.

Como ya hiciera en diciembre, la comisión denuncia que Damasco no ha cumplido la obligación de proteger a sus ciudadanos y que sus fuerzas han cometido crímenes "generalizados y sistemáticos" que constituyen "crímenes contra la humanidad", con el "aparente conocimiento y consentimiento de los niveles más altos del Estado".

Este segundo informe se da a conocer en la semana previa a la decimonovena sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que volverá a tener la situación en Siria como asunto principal y que tiene en su agenda aprobar a mediados de marzo una nueva resolución de condena a la represión del régimen de Bacher el Asad.

El documento relata que la mayor parte de crímenes contra la humanidad y graves violaciones de los derechos humanos se llevaron a cabo en "complejas operaciones que implicaron a la totalidad del aparato de seguridad, lo que implicaría directrices superiores".

Como en el caso del primer informe, el trabajo de investigación se basó en entrevistas personales con periodistas, desertores y refugiados fuera de Siria, y en entrevistas telefónicas con ciudadanos que están en territorio sirio, al que los tres miembros de la comisión no han podido acceder por falta de autorización.

Desde diciembre se entrevistó a otras 136 víctimas y testigos, lo que eleva el número de testimonios de la comisión a 369.

Estas nuevas entrevistas han servido para constatar que dirigentes gubernamentales y empresarios con vínculos con las fuerzas de seguridad sostienen y financian a la fuerza irregular "Shabbiha", responsable de numerosos crímenes de lesa humanidad.

Con el respaldo del gubernamental partido Baaz y del ministerio del Interior, las fuerzas de seguridad y el ejército dejaron en evidencia en distintos puntos del país, según la comisión, que existe una política uniforme para ejercer la represión.

Las operaciones a gran escala en los últimos dos meses para sofocar focos de rebeldía consistieron en cercar barrios enteros con presencia de fuerzas antigubernamentales y bombardearlos con artillería pesada "con un desprecio completo a las eventuales bajas civiles", de manera especial en las ciudades de Hama y Homs

En cuanto a los abusos por parte del ESL, la comisión denunció que en la ciudad de Homs hay evidencias de torturas y ejecuciones de presuntos miembros de la Shabbiha y de familiares, y del secuestro de agentes del orden o de sus familias para lograr la liberación de personas detenidas en dependencias de las fuerzas estatales.

El informe recoge una comunicación del ESL a la comisión, en el que admite haber tomado como rehenes a ciudadanos extranjeros, a los que describe como mercenarios a sueldo de Damasco.

La comisión hace referencia a los intentos del ESL para evitar estas actuaciones, pero recuerda a sus dirigentes, en todos los niveles, que también pueden incurrir en una responsabilidad criminal en aplicación del derecho internacional si autorizan los abusos.

La comisión cifra en al menos 787 los civiles muertos -entre ellos 53 mujeres, 26 niñas y 49 niños- en las primeras dos semanas de febrero, siendo Homs la ciudad más castigada, sobre todo tras la salida de Siria de los observadores de la Liga Árabe.

Más cifras: la rebelión ha dejado en los últimos 11 meses 70.000 desplazados dentro del país y 20.000 refugiados en el extranjero.

Por último, la comisión evita utilizar el término "conflicto armado" para referirse a la situación en Siria, al no poder verificar que el ESL u otros grupos hayan alcanzando el necesario nivel de organización para entablar una guerra con el Estado.