Los ayuntamientos deberán presentar antes del 15 de marzo todas las facturas comerciales que adeudan al sector privado para que, con posterioridad, afronten su pago obligatorio a través de un plan de viabilidad que deberá estar ultimado, como tope, el 31 de marzo y que entrará en vigor en mayo.

Según avanzó ayer el Ejecutivo tras el Consejo de Ministros, el nuevo sistema de financiación de impagados tendrá en cuenta como prioridad para su cobro la antigüedad de la factura y el descuento ofertado sobre el importe principal de la obligación pendiente de pago.

Sin embargo, antes de entrar en vigor este nuevo mecanismo de financiación, que estaría vigente solo para 2012, el Gobierno ha tenido que modificar a través de un real decreto la normativa vigente para posibilitar el aval del Estado en futuros mecanismos de financiación de todas las administraciones territoriales para el pago a proveedores.

La condición que debe cumplir el proveedor para tener derecho al cobro de sus facturas es que se trate de obligaciones pendientes de pago generadas por obras, servicios o suministros realizados antes del 1 de enero de 2012 y que, además, se trate de contratos incluidos en el ámbito de lo recogido en la Ley de Contratos del Sector Público.

"Ágil y eficaz"

Todos aquellos proveedores o contratistas que tengan derecho al cobro podrán voluntariamente hacerlo efectivo en las principales entidades de crédito del país.

Las entidades locales podrán financiar las obligaciones de pago abonadas a través de una operación de endeudamiento con el suficiente plazo que asegure la viabilidad de la operación.

En el listado de facturas que han de remitir los ayuntamientos a Hacienda antes del 15 de marzo debe constar la identificación del contratista, el importe, la fecha de recepción de la factura y si se ha iniciado o no un trámite judicial por parte del contratista para su cobro.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo ayer que este mecanismo será "ágil y eficaz" y lo está estudiando la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

Más de 30.000 millones

Recalcó que antes de ponerlo en marcha "es necesaria una base legal para poner orden y rigor y garantizar que estas administraciones públicas cumplirán con las medidas que se establezcan de ahora en adelante".

La vicepresidenta dijo que el nuevo sistema abonará las deudas "de una vez por todas" y clarificará la situación de las facturas pendientes de pago por parte de las administraciones.

Reiteró que el Ejecutivo trabaja en una fórmula que tenga el menor impacto económico y de afectación al déficit público.

El objetivo fundamental es que las pymes y los autónomos puedan tener nuevos recursos para movilizar sus negocios se alivie así el estrangulamiento financiero que acusan y que "se ven en condiciones difíciles de salir adelante por la morosidad de las administraciones", dijo la vicepresidenta.

Soraya Sáenz de Santamaría no adelantó la cifra total de las facturas pendientes de pago, aunque ésta podría oscilar entre los 30.000 y los 50.000 millones de euros.