"Histórico". Así resumió ayer el concejal de Política Territorial de Santa Cruz, José Ángel Martín (PSOE), el acuerdo unánime adoptado sobre el Plan General en un pleno marcado por el consenso sobre cuestiones de gran relevancia, como la Montaña de Taco o las antenas de telefonía. La síntesis de Martín coincide con la de otros portavoces de los grupos locales tras el apoyo a una enmienda transaccional presentada por el edil del área que, literalmente, aboga por "recuperar el mayor porcentaje posible de viviendas fuera de ordenación dentro del documento (se calcula que un 80%), no siendo admisible que se contemple dejar a las casas de vecinos fuera de ordenación cuando existen nuevos aprovechamientos", algo clave.

Esta literalidad choca bastante con las tesis defendidas hasta ahora por el PP, que no ha parado de insistir en que la única fórmula para resolver de verdad el problema de esa catalogación pasa por modificar, vía Parlamento regional, el artículo 34 de la Ley del Territorio. Sin embargo, los populares se adhirieron ayer al consenso alcanzado, según señaló el edil Carlos Garcinuño, precisamente por el acuerdo unánime del resto de fuerzas, aunque sin esconder su pesar por que llegue "siete meses tarde" ni disimular su temor a que siga suponiendo más retrasos en la aprobación del documento o, incluso, que se corra el riesgo de volver al punto de partida.

Además, Garcinuño aludió a dicho artículo 34 y se mostró satisfecho por el cambio de actitud que dice haber notado su grupo en otras fuerzas respecto a la necesidad de modificarlo, argumento que, no obstante, no fue entendido por Martín, según señaló a EL DÍA tras la conclusión del pleno.

El edil de Política Territorial negoció su enmienda hasta última hora del jueves, "coma a coma y punto a punto", con los ediles proponentes de la moción inicial, principalmente con José Manuel Corrales (Por Tenerife), aunque también con Guillermo Guigou (Ciudadanos). De ese consenso salió un texto que, en su introducción, recuerda que el acuerdo de gobierno entre CC y PSOE ya sigue la línea pretendida por la moción, consensuada previamente con la Plataforma en Contra al PGO, y buscaba "un gran pacto político y social que culmine en la aprobación definitiva del PGO".

Además, alude a las reuniones que se han ido dando con las distintas formaciones en la Gerencia y a la "hoja de ruta diseñada" hasta ahora por el gobierno. Sin embargo, la miga auténtica, que convenció a Corrales y Guigou para aceptar la enmienda tras un receso de cinco minutos, la contenían los tres puntos del acuerdo: en el primero, se aboga por "culminar la aprobación definitiva en el plazo más breve de tiempo, con un gran acuerdo político-social que cumpla con los objetivos de pacificar, transparentar, respetar la legalidad y consensuar el documento". En el segundo, se habla de "introducir todas aquellas modificaciones expuestas por el gobierno que garanticen, por un lado, el estricto cumplimiento de los aspectos de legalidad formal, técnica y de oportunidad del documento" y, por otro, la citada recuperación del mayor porcentaje posible de casas afectadas por el fuera de ordenación dentro del propio PGO a aprobar, para lo que se está elaborando el célebre catálogo de inmuebles.

Por último, el acuerdo insta a "evaluar los diferentes aspectos expuestos en esta moción, debatiéndolos en el foro de las reuniones que se están produciendo en la Gerencia, con la participación de la Plataforma y aquellas entidades que puedan tener interés (...)".

Mayor flexibilidad

Ante las dudas de Corrales sobre si estos puntos excluían la larga exposición de motivos y las distintas y detalladas propuestas de la moción que presentó junto a Guigou, el concejal del área recalcó que cualquier propuesta y debate, "incluso el punto de partida del pacto entre CC y PSOE sobre esto", cabe en esas próximas reuniones en la gerencia. Esta postura le sirvió también como invitación al PP para que presente su propio planteamiento sobre el PGO, dada la insistencia, aunque sin aprovechar turnos propios de palabra, de Cristina Tavío y Pablo Matos por dejar claro que también poseen múltiples propuestas sobre casi todos los aspectos del documento, aparte de respetar la legalidad y la transparencia.

Las intervenciones finales de Guigou, Corrales y Pedro Arcila, portavoz de Sí se Puede, confirmaron la relevancia de un acuerdo que dejó muy satisfechos a los numerosos miembros de la Plataforma en Contra del PGO presentes en el salón plenario, entre los que se encontraba su portavoz, el abogado Felipe Campos, que a partir de ahora podrá participar activamente en las reuniones en la Gerencia de Urbanismo sobre este documento que ha marcado la política local en los últimos años, algo impensable hasta las últimas elecciones locales. De hecho, tampoco podía disimular su satisfacción, sobre todo porque "se impedirán los pelotazos e ilegalidades".

Parque en la Montaña

Si el término histórico se utilizó en diversas ocasiones para valorar el acuerdo sobre el PGO, sobre todo tras concluir una sesión que dejó visiblemente reconfortado a José Ángel Martín, no fue precisamente despreciado para sintetizar el consenso alcanzado en torno a la Montaña de Taco y el pretendido y, hasta ahora, frustrado parque periurbano que se quiere habilitar en ella. También en este caso, el acuerdo llegó en forma de enmienda del edil de Política Territorial, si bien no suscitó ninguna duda ni propició ningún receso pedido por la fuerza proponente de la moción (SSP). De hecho, su portavoz, Pedro Arcila, resaltó la importancia "histórica" de que Santa Cruz, "que siempre se ha mostrado más reticente que La Laguna y el resto de administraciones a este parque periurbano porque tenía más que perder, tome el mando ahora de este proyecto".

Arcila también valoró las medidas adoptadas en los últimos tiempos por el consistorio para evitar e inspeccionar las actividades ilegales sobre áridos en la montaña, lo que, según subrayó, ha permitido que el acuerdo de ayer cuente con el respaldo de todas las asociaciones vecinales de la zona y otros colectivos implicados en esta iniciativa.

La enmienda del gobierno gustó más a Sí se Puede que a ediles como Corrales, si bien logró el apoyo unánime. El concejal de Por Tenerife dijo que prefería el texto inicial llevado a pleno por Arcila en noviembre, aunque se adhirió sin problemas al acuerdo.

En 4 puntos, el pleno abogó por "sentar en la misma mesa a las tres administraciones competentes (Cabildo y los dos ayuntamientos) más un representante de la Dirección de Minas del Gobierno de Canarias con el fin de establecer una estrategia común de actuación para elaborar un anteproyecto de parque y el correspondiente proceso de participación ciudadana".

Asimismo, se asegura que, "para la gestión del proyecto, se evaluará con todos los informes pertinentes la vía de la expropiación, también se puede plantear otras opciones, como un área de gestión integrada o bien idear un sistema de composición que incluya a los propietarios del suelo". Según reza el tercer punto, "este área de gestión integrada o formula alternativa que se pueda diseñar se estructurará a través de un consorcio de gestión, de mayoría pública y con socios privados, principalmente los dueños del suelo". Una entidad que, según el acuerdo, "podría apoyarse en algún proyecto europeo que contemple la mejora del medio ambiente urbano y podría, a su vez, proponerse alguna plataforma de generación de energías limpias (eólicas o fotovoltaicas) compatible con el uso principal del parque. Así, se daría lugar a un retorno de las condiciones medioambientales de este lugar singular".

Además, el PP introdujo, con éxito, una enmienda para que el Cabildo tinerfeño modifique el PIOT para que se pueda desarrollar dicha área de gestión integrada.