El Tribunal de Milán declaró ayer la prescripción del delito de corrupción en acto judicial del que estaba acusado Silvio Berlusconi por el caso Mills, un fallo que permite al ex primer ministro italiano salir indemne de uno de sus cuatro procesos ante la Corte milanesa.

En medio de una gran expectación y en ausencia de Berlusconi, las tres juezas encargadas del caso, Francesca Vitale, Antonella Lai y Caterina Interlandi, anunciaron su decisión final sobre el proceso en primer grado contra el político y empresario, para quien la Fiscalía de Milán pedía una pena de 5 años de prisión.

Vitale, en calidad de presidenta del tribunal, indicó que no "había lugar a proceder" contra Berlusconi puesto que se considera prescrito el delito, un fallo que, a pesar de que lo consideraron un "éxito", no terminó de satisfacer a los abogados de Berlusconi, quienes pedían además una absolución que no ha llegado.

El caso Mills, llamado así por el letrado británico David Mills, juzgaba el supuesto pago de unos 600.000 dólares por parte de Berlusconi al abogado a cambio de su testimonio favorable en dos juicios por corrupción de funcionarios y financiación ilegal de partido en los que resultó absuelto en los años 90. El juicio, que comenzó en marzo de 2007 con el propio Mills también como imputado, tuvo que ser dividido en dos procesos paralelos en 2008 debido a que una ley de inmunidad, el ya invalidado "Laudo Alfano", permitió que quedara suspendido el caso contra Berlusconi, entonces jefe de Gobierno.

El juicio contra Mills continuó de modo normal y el abogado británico fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por corrupción en acto judicial en primera y segunda instancia en 2009, pero el Tribunal Supremo italiano declaró prescrito el delito el 25 de febrero de 2010, ayer hizo dos años.

Es aquí donde estriba la principal particularidad de este caso: la prescripción del delito cometido por Mills se produjo antes, puesto que el contador del plazo para que prescriban los hechos delictivos (con esta acusación diez años) se detenía cada vez que una ley de inmunidad impedía el desarrollo habitual del juicio a Berlusconi.

Además existía divergencia de opiniones en el momento en el que había empezado la cuenta atrás para la prescripción del delito, pues el Supremo consideró en el juicio a Mills como fecha noviembre de 1999, cuando el abogado dio la orden de recibir el pago por su falso testimonio, frente a febrero de 2000, como aseguraron los jueces en primera y segunda instancia.