El catálogo que tiene prácticamente terminado la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz sobre los edificios fuera de ordenación en la actual redacción del Plan General de Ordenación incluirá un mínimo de 1.500 fichas y un máximo de 1.700 inmuebles, según las últimas cifras aportadas a EL DÍA el pasado viernes por el concejal de Política Territorial, el socialista José Ángel Martín.

El número definitivo se trasladará al resto de grupos el próximo 7 de marzo, tal y como se acordó en la reunión mantenida en la Gerencia de Urbanismo el pasado mes de enero con la presencia, entre otros, del propio Martín y los portavoces de los distintos partidos políticos con representación, como Carmen Delia González (CC), Cristina Tavío (PP), Pedro Arcila (SSP), José Manuel Corrales (Por Tenerife) y Guillermo Guigou (Ciudadanos de Santa Cruz), así como varios técnicos del departamento.

La cifra que se maneja ahora es más elevada que los 1.300 inmuebles que se calculaban en octubre y noviembre pasado, aunque menor de los 2.000 y cantidades superiores que algunos ediles temieron tras la citada reunión. Según Martín, y si bien todo depende del número total de viviendas afectadas, pero que no se encuentran habitadas, esta catalogación y su inseguridad jurídica y desvalorización patrimonial la sufrirían entre 60.000 y 80.000 personas. La segunda cantidad coincide bastante con la dada en los últimos años por la Plataforma en Contra del PGO, aunque la primera se aleja bastante de los últimos cálculos de dichos ediles, que temían que se superasen las 100.000 personas.

Al concejal del área le ha sorprendido, sobre todo, la dispersión en la ubicación de los inmuebles fuera de ordenación, al no concentrarse solo en la zona más urbana de la ciudad.

En línea con lo aprobado en el histórico pleno del pasado viernes, cuando se respaldó por unanimidad una enmienda transaccional presentada por Martín para abogar por un PGO sin ilegalidades ni "pelotazos", consensuado, transparente y pacificado, la solución del fuera de ordenación se buscará, en la mayoría de casos, dentro del propio documento, y no mediante otros mecanismos, como cambios legislativos en artículos como el 34 de la Ley del Territorio de Canarias, si bien esto no significa que no se recurra también a esta medida y a otras modificaciones normativas a escala regional e, incluso, estatal, tal y como contempla el propio pacto de gobierno en el ayuntamiento entre CC y PSOE.

Según los cálculos del concejal, mediante diversas fórmulas se podrá resolver dentro del PGO hasta el 80% de los casos. Para ello, se recurrirá a modificaciones de usos, aprovechamientos, compensaciones y otras figuras, siempre estudiando y aplicando estas soluciones caso por caso.

El gobierno ha condicionado la aprobación del PGO a la elaboración de este catálogo para que los vecinos tengan, además, un periodo de información detallado de cada caso y de las soluciones posibles. Martín insiste en que el plan se aprobará antes del 23 de junio, plazo máximo dado por la Cotmac para modificar los 45 aspectos que el Gobierno regional entendió que se debía cambiar.

El pasado pleno dio luz verde a que la Plataforma y otras entidades participen ahora en las reuniones en la Gerencia.