Tenerife

El Cabildo quiere que la ley obligue a restaurar la zona de áridos de Güímar

J.A. MEDINA, Tenerife

El Cabildo de Tenerife quiere formular una iniciativa legislativa sobre la ordenación de los barrancos de Güímar, área afectada durante casi medio siglo por la extracción de áridos que creó en la zona hoyos de una profundidad superior a dos veces la altura de la torre del Palacio Insular con un ancho comparable a cinco campos de fútbol. La restauración del enclave y su recalificación como suelo agrícola son cuestiones que persiguen las corporaciones insular y municipal. La propuesta del Cabildo se considera necesaria, especialmente porque es preciso definir las consecuencias económicas derivadas de la prohibición de extraer áridos en este espacio.

Este asunto será abordado por el Pleno del Cabildo en la sesión ordinaria del 30 de marzo, después de dejarlo sobre la mesa en el transcurso del celebrado anteayer por ausencia de la consejera proponente y responsable de Planificación Territorial, Pino de León, si bien el presidente de la corporación, Ricardo Melchior, defendió que esta iniciativa legislativa "es el camino más claro" para consensuar política y administrativamente la solución a uno de los problemas considerados más graves que tiene la Isla.

Ley de Minas.- El Cabildo defiende que la reordenación de los barrancos de Güímar adquiere una dimensión autonómica y que es preciso "armonizar los intereses en conflicto existentes en dicho ámbito con el respeto a los recursos medioambientales de la zona, con especial atención a la necesaria restauración de las canteras".

Los trabajos iniciados para cumplir con los acuerdos plenarios adoptados por el Cabildo durante los últimos años que afectan directamente a la zona de los barrancos de Güímar ha permitido detectar que las soluciones a adoptar exceden el ámbito estrictamente insular. Eso se justifica en la propuesta que abordará el Pleno en que se debe justificar la prohibición de extracciones en atención a los valores ambientales, no económicos que se estipulan en la Ley de Minas vigente.

Indemnizaciones.- Otro aspecto que las autoridades insulares quieren resolver a través de la iniciativa legislativa es el referido a "las consecuencias indemnizatorias que acarrea la prohibición de la actividad extractora y, con ella, la no explotación de los recursos mineros existentes y, en particular, quién sea responsable" del estado en que se encuentran los barrancos en los que las empresas han estado extrayendo áridos durante casi 50 años, hasta que fue clausurada la última el 8 de abril de 2008.

En este sentido, cabe recordar que esas empresas han anunciado su propósito de reclamar por la vía judicial las indemnizaciones a las que consideran que tienen derecho como consecuencia del cese de la actividad de forma obligatoria, una vez que el Ayuntamiento de Güímar procedió al cierre y precinto de las instalaciones amparándose en las preceptivas autorizaciones judiciales para hacerlo. El propio alcalde güimarero, Rafael Yanes, también se pronunció en el mismo sentido mostrándose la corporación dispuesta a demandar a las empresas por los daños y perjuicios ocasionados al municipio durante casi medio siglo.

Plan Territorial.- Una de las piezas clave en este complejo asunto es el Plan Territorial Parcial de Ordenación del área de los barrancos de Güímar, documento cuyo avance fue aprobado el 7 de mayo de 2007 y rechazado parcialmente por el Ayuntamiento de Güímar, que, de hecho, pidió la revisión del Plan de Ordenación del Territorio (PIOT) para devolver la zona a la calificación de agrícola. En ese proceso se encuentra ahora el Cabildo, que con la iniciativa legislativa persigue, también, definir todo este entramado normativo.

La preocupación que exponen las autoridades insulares en su propuesta tienen un marcado cariz jurídico por cuanto las administraciones municipal, insular y regional no parecen ponerse de acuerdo en la delimitación de las responsabilidades a que hubiera lugar en el desarrollo y paralización de la extracción de los áridos. La disponibilidad de autorizaciones mineras por parte de algunas de las empresas, la determinación de la caducidad de las mismas y los motivos de ello son aspectos determinantes a definir.

OTRAS CLAVES

Una inversión de 200 millones

Conseguida la paralización de la extracción de áridos hace casi dos años, en Güímar se trabaja para concretar la restauración de los barrancos. Después de medio siglo sin apenas beneficios económicos ni de otro tipo (algunas aportaciones para cubrir gastos de fiestas y para construir una vía alternativa de salida de las areneras es lo que más ha trascendido), las autoridades municipales tienen claro que a los güimareros les corresponde reclamar lo que les pertenece en forma de restauración medioambiental sin que cueste un euro a las arcas del consistorio. Cubrir esos hoyos de más de 100 metros de profundidad y de más de 300 metros de ancho requerirá el paso de décadas y su coste actual está cifrado en 201.567.122 euros, según la tasación realizada a instancias de la Fiscalía en las diligencias previas que se siguen en un juzgado de Güímar. Quién debe pagar esa restauración es lo que también ha de aclararse a través de la iniciativa legislativa que promueve el Cabildo de Tenerife. Empresarios y políticos coinciden en que ha de ser el otro quien lo haga. De momento, los hoyos siguen igual y el suelo continúa siendo de uso minero.

Archivado en: Ricardo Melchior
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