El Parlamento egipcio ha convocado para el próximo 11 de marzo al primer ministro del país, Kamal al Ganzuri, y a los "ministros implicados" para pedirles explicaciones por el caso de las ONG extranjeras acusadas de financiación ilícita.

En la apertura de una sesión mixta bicameral del Parlamento, el presidente de la Cámara baja, el islamista Saad Katatni, calificó de "delito" el levantamiento de la prohibición de salir del país para los trabajadores extranjeros de las ONG, la mayoría de ellos estadounidenses.

El nuevo Parlamento egipcio celebra hoy en un centro de conferencias de El Cairo (ya que no existe capacidad en el hemiciclo para todos los parlamentarios) su primera sesión mixta, con el fin de designar una comisión que prepare las bases para elegir al comité constitucional que deberá redactar la nueva Carta Magna del país.

En la apertura de la sesión, Katatni, jefe de filas del Partido Libertad y Justicia (brazo de los Hermanos Musulmanes), criticó con dureza el permiso a los extranjeros acusados para dejar el país, algo que 13 acusados, seis de ellos estadounidenses, hicieron el jueves en un avión militar fletado por el gobierno de EE. UU.

"En este caso hay varias interrogantes: ¿Sobre qué base se levantó la prohibición de viajar antes de dictarse la sentencia? ¿Y la llegada del avión estadounidense antes de que se anunciara la autorización para que pudieran dejar Egipto?", se preguntó.

Asimismo, el islamista advirtió de que el Parlamento "usará todos los medios a su alcance para aclarar la verdad y pedir cuentas a los responsables de este delito, sean cuales sean sus cargos".

Los Hermanos Musulmanes, que controlan casi la mitad de los diputados en la Cámara baja, hicieron público ayer en un comunicado su rechazo a la decisión y consideraron que es una "sumisión" por parte de la Junta Militar y el Ejecutivo ante Estados Unidos.

Los activistas estadounidenses pudieron abandonar el país después de que las ONG para las que trabajaban pagaran, gracias a fondos de su país, la fianza establecida por las autoridades egipcias, de dos millones de libras egipcias (unos 330.000 dólares) por cada uno de ellos.

En total, 43 trabajadores han sido acusados de crear y gestionar organizaciones internacionales sin el permiso gubernamental y de recibir fondos del extranjero ilegales para llevar a cabo actividades políticas.

Sólo 14 egipcios comparecieron en la primera sesión del juicio, celebrada la semana pasada, en un proceso que se enrevesó aun más con la retirada de los jueces encargados del caso, lo que obliga ahora a formar un nuevo tribunal, algo que también fue criticado por Katatni.