Los profesores de Canarias no tienen aún la condición legal de autoridad pública, pese a las demandas e iniciativas en este sentido de alguna organización sindical, pero sí merecen esta consideración para los tribunales de Justicia, que ya han emitido varias condenas a alumnos y padres por agresiones a docentes, calificadas de "delito de atentado". La última de ellas ha recaído sobre un estudiante tinerfeño que, durante una actividad extraescolar, abordó a una profesora y la golpeó en varias ocasiones en el estómago y el hombro.

Contra el fallo del Juzgado de Menores número uno de Santa Cruz de Tenerife no puede interponerse recurso. La decisión judicial condena al menor, previo acuerdo entre el Ministerio Fiscal y su defensor, a realizar durante cuatro meses "tareas socioeducativas encaminadas a la resolución de conflictos". La agredida retiró la petición de responsabilidad civil, por lo que el estudiante no tendrá que pagar una sanción económica.

El suceso ocurrió el 23 de febrero de 2010 durante una visita a la fábrica de Coca Cola organizada por el centro educativo. La enseñante realizaba labores de vigilancia y era responsable del grupo, por lo que el juez entiende que "debe ser equiparada a una agente de la autoridad".

Con la intención de "menoscabar la integridad física de su profesora", el chico, de catorce años de edad, la golpeó en el estómago y el hombro izquierdo y le causó un dolor en esta última región del cuerpo que, sin llegar a impedirle su actividad profesional, tardó 21 días en curar.

La pena impuesta al menor se dirige a que éste "adquiera las habilidades, capacidades y aptitudes necesarias para un correcto desarrollo personal y social, especialmente en lo relativo a las competencias sociales; es decir, la manera de relacionarse e interactuar con los demás en los supuestos de conflicto".

La causa de la docente ha sido defendida por el sindicato ANPE, precisamente el mismo que está promoviendo en el Parlamento una iniciativa legislativa para dotar al profesorado del rango de autoridad pública, como ocurre, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. La organización insistirá en la necesidad de contar con esta norma durante su próximo comparecencia en la comisión parlamentaria de estudio sobre la situación de la educación en el Archipiélago.

Según ANPE, la sentencia es "una magnífica noticia" y fortalece sus tesis de que una ley de autoridad del profesorado es el instrumento adecuado para "poner freno a la preocupante escalada de abusos cometidos por algunos miembros de la comunidad escolar contra los profesionales que prestan sus servicios en la enseñanza pública".

La primera sentencia firme contra un alumno por la agresión a un docente fue ratificada a finales de 2010 por la Audiencia Provincial de Las Palmas, que condenó a una joven por propinar un puñetazo a una profesora -en aquella ocasión, representada por el sindicato Insucan- en el IES Teror de Gran Canaria. La chica también fue considerada culpable de un delito de atentado a un funcionario público.

En Tenerife, una madre fue condenada en 2011 a un año y medio de cárcel por zarandear y pegar a una docente, aunque finalmente no tuvo que cumplir pena de prisión.

Estas decisiones judiciales han respaldado que las agresiones al profesorado, cuando estos se encuentran en el ejercicio de sus funciones, deben ser tramitadas como delitos y no como faltas, como ocurría hasta hace poco.

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