La crisis llegó en 2008 y, en contra de lo que se preconizó entonces, no duró un año ni dos. Hoy día, cuando ya nadie tiene el atrevimiento de ponerle fecha para acabar y visto que sus efectos han excedido en mucho las peores previsiones iniciales que en su momento se formularon, el ciudadano común demanda soluciones que pongan fin pronto a un calvario que supera el ámbito de lo económico y adquiere tintes de verdadera tragedia social en muchos casos. Para debatir la respuesta del Gobierno canario frente a esta situación y lo que esperan que haga de aquí en adelante, EL DÍA invitó a los dirigentes vecinales Guillermo Alonso, de la asociación de vecinos Ramarim, de Miramar; Luis Celso, de la asociación de vecinos 8 de Marzo, de Añaza; Vicente Pérez, de la asociación de vecinos Juan Albornoz "Sombrita", de Ofra, y al empresario Francisco Pérez.

Para abrir el debate, Guillermo Alonso recordó que la tasa de paro ronda en las Islas el 30% y que, en el caso de los jóvenes, se sitúa cerca del 50%, por lo que califica la situación de "problema juvenil" y valora la situación del mercado laboral en el Archipiélago como "desastrosa".

En este sentido, cree que el Plan de Empleo Canario impulsado por el Ejecutivo regional "nació muerto" al carecer de consenso. "No lo tuvo de los agentes sociales ni de la patronal", asegura.

Otra de las "preocupaciones" que expuso fue la expansión de la pobreza por el Archipiélago, y se muestra consternado porque cerca de un 30% de la población isleña viva por debajo del umbral de la pobreza. "Esta situación está tan extendida porque la mayoría no tiene ingresos ni para cubrir sus necesidades básicas: incluso los que cuentan con vivienda pueden verse privados de alimentos", explicó.

Indicó que, desde su experiencia vecinal, el reparto de comida entre la población desfavorecida ha alcanzado con el avance de la crisis una demanda "desmesurada" y criticó el establecimiento de normas y regulaciones que restringen la distribución de alimentos entre los más necesitados.

Por el contrario, Luis Celso apuntó que el Plan de Empleo y Formación -también impulsado por el Ejecutivo regional- es "bueno" y remarcó los beneficios que presta a sus destinatarios en el ámbito vecinal del barrio santacrucero de Añaza.

Celso explicó que esta iniciativa sirve para formar parados -con edades comprendidas entre los veinte y pocos años hasta bien entrados los 50- para adquirir el perfil que necesitarán para incorporarse a las oportunidades laborales que abrirá la implantación del futuro parque tecnológico proyectado en esa zona de la capital tinerfeña. "Es un perfil concreto que demandan las empresas de I+D+i", remarcó.

Este dirigente vecinal recordó que la tasa de paro en Añaza ronda el 50% -"la más alta de Europa"- y está vinculada a una situación de pobreza "preocupante".

"Volvemos ahora a una economía de posguerra", se lamentó antes de afirmar que la clase política "desaprovecha" el tiempo en vez de trabajar a tiempo completo en la búsqueda de un consenso para encontrar respuesta a la difícil situación que viven muchos canarios.

"Hay mucho politiqueo. Paralizan el desarrollo de la ciudad porque no se ponen de acuerdo sobre el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife y se dejan de construir las viviendas sociales que solicitan 10.000 vecinos, lo que sería una fuente de empleo para la ciudad", criticó. "Es una falta de responsabilidad mientras el pueblo pasa hambre", arremetió antes de demandar "imaginación" a los políticos para poner fin al problema.

Vicente Pérez estuvo de acuerdo en que la "gente lo está pasando mal" y criticó la actuación de las administraciones y los políticos. "Mucho bla bla bla, hacen que la gente dé 1.000 vueltas para cualquier ayuda ante los ayuntamientos cuando necesitan comer", resumió. "Cáritas está desbordada mientras que el Gobierno pone en marcha mucho plan de formación, pero hay que comer antes de estudiar", insistió.

Pérez recordó que en tiempos del expresidente Adolfo Suárez los dirigentes políticos apartaron sus diferencias en los temas básicos y así llegaron a los denominados Pactos de La Moncloa, un tipo de acuerdo que ahora ve imprescindible para hacer frente a la crisis.

Por ese motivo, demanda al presidente regional, Paulino Rivero, que "haga a un lado las diferencias" y trabaje en una solución para los problemas de Canarias.

Francisco Pérez criticó, por su parte, que siendo la economía lo "más importante", sin embargo el Ejecutivo regional no ha puesto en marcha "ninguna" medida "efectiva" para su reactivación. Se mostró convencido de que la creación de empleo en el Archipiélago vendrá de la mano de la actividad turística, por lo que sugiere a la Administración canaria que enfoque sus actuaciones en esta materia sobre este sector.

En concreto, sugiere la creación de mercadillos en las localidades turísticas que sirvan para potenciar la venta de productos canarios, como los quesos o los vinos del país. "Pero por el contrario, ahora el Gobierno regional amenaza con la posibilidad de subir los impuestos para dejar sin nada a los que todavía tienen algo", criticó.

Pérez lamenta que un empresario hotelero deba perder entre seis y siete meses tan solo para conseguir una licencia para rehabilitación de su establecimiento. "Ni el Ejecutivo canario ni los cabildos saben bien hasta dónde llegan sus competencias y por eso se produce esa situación", afirmó.

A diferencia de Celso, pone en duda la utilidad que puedan tener los cursos de formación del Gobierno regional. ¿Estudiar para qué, si no hay empleo disponible?", se preguntó. "Lo primero será crear puestos de trabajo, que es la vía para recaudar más, en vez de pensar en subir los impuestos".

"Hay que llegar a un pacto político para hacer frente a la difícil situación por la que pasan las Islas: hay mucha gente válida y es posible crear empleo", concluyó.

En su segunda intervención, Guillermo Alonso criticó el deterioro de la Sanidad canaria en los últimos años. Las listas de espera, la falta de camillas en Urgencias, el recorte del personal sanitario o el cierre del servicio de rehabilitación en el Hospital San Juan de Dios fueron algunos de sus reproches a la gestión del Gobierno autonómico.

Aseguró que, a enero de este año, la Ley de Dependencia registraba un total de más de 37.000 solicitudes en las Islas, de las que cerca de 31.000 habían sido evaluadas. De esa cifra, a más de 25.000 se les reconoció el derecho a la prestación, pero los beneficiados solo eran unos 11.000. "Cuando el Ejecutivo pague la prestación a los otros 14.000, ya estarán muertos", lamentó antes de apuntar que esta norma debería servir para crear puestos de trabajo, pero no lo está haciendo.

"El Gobierno tiene que tratar de solucionar este problema, es una buena ley, pero no la están dotando con recursos suficientes", afirmó.

Celso recriminó que el dinero que no va a la atención sanitaria se emplee en ayudas a la banca para que esas instituciones terminen por desahuciar a tantos hipotecados que pierden su casa tras engrosar las filas del paro. Vicente Pérez aprovechó para plantear que, aunque el Gobierno canario no sea competente en esta materia, debería impulsar una iniciativa "que haga ruido" para forzar una solución a un problema que ya es un drama para muchos canarios.

En concreto, propone que el Ejecutivo regional pida la modificación del contrato hipotecario para convertirlo en uno de alquiler que evite la "tragedia" social de los desahucios y criticó que el mecanismo de la dación en pago -por el que el banco salda el montante pendiente de las hipotecas con la casa del deudor- sea voluntaria para la banca y en casos muy restringidos.

Por su parte, Francisco Pérez cree que el Ejecutivo canario solo ha eludido las responsabilidades frente a la crisis hasta ahora al culpar a los mercados internacionales, la situación de Europa o al Ejecutivo central de los problemas en las Islas.

"No puede haber un centro sanitario frente a cada casa, y si hay que mantenerlo, habrá que racionalizar su gestión", argumentó antes de condenar el gasto que supone el mantenimiento de una televisión autonómica o la Policía Canaria. "Cuestan un dineral y se podría hacer lo mismo con menos", apuntó.

Defendió que la Ley de Dependencia, las políticas de transporte, inversiones como el tren del Sur de Tenerife o la creación de puestos de trabajo en la actividad turísticas deberían ser la prioridad para el Ejecutivo regional, así como incentivar las exportaciones de las empresas isleñas y el mantenimiento de la sanidad y la educación.

En este sentido, Guillermo Alonso abogó por que en la lista de prioridades estén los hospitales del Norte y del Sur de Tenerife, "necesarios desde hace muchos años", pero adelantó que lo que "no puede ocurrir más" es que se sigan inaugurando infraestructuras de ese tipo de forma "provisional" que se quedan de esa forma "para toda la vida" y lamentó el cierre de un centro educativo en su barrio tras una importante inversión por el descenso del número de alumnos cuando otros, en peores condiciones, siguieron abiertos.

A esas instalaciones se les suprimió luego el suministro eléctrico y la vigilancia, por lo que fueron asaltados mientras que a la población juvenil se les privó del uso de las canchas deportivas y otras facilidades. Ahora la Administración se plantea recuperarlo y necesitará invertir otra fuerte suma de dinero. "Nada de esto hubiera ocurrido si desde el principio se hubiera planificado qué hacer".

Celso retomó la paralización de Santa Cruz de Tenerife debido a la falta de acuerdo político sobre el PGO y defendió que es necesario dar una salida al problema del "fuera de ordenación, pero sin congelar la actividad económica". Apuntó que hay unas 40.000 viviendas vacías en la ciudad, "pero son propiedad privada" mientras que recordó que existen 10.000 demandantes de viviendas sociales, por lo que exige al Ejecutivo que "se emplee a fondo" en este asunto y volvió a abogar por la formación como salida al mercado laboral de los desempleados más jóvenes.

"El Ejecutivo debe atajar ese problema, a los barrios santacruceros están volviendo problemas que creíamos superados como las drogas", apuntó.

Por ese motivo, demandó que ponga en marcha un plan de formación y empleo.

En este punto, Francisco Pérez criticó que "nos hemos acostumbrado a que todo debe ser gratis" y lamentó el poco rendimiento de infraestructuras como el Auditorio de Tenerife, que "no sirve para generar economía en su entorno a pesar de su enorme coste".

Inmersos en una catástrofe

Aunque por problemas laborales no pudo asistir al debate, el presidente de la Confederación Canaria de Asociaciones de Vecinos (Concave), Luis Febles, quiso manifestar su opinión al respecto, "sin ánimo de criticar", ya que es el "peor momento" de la historia de la democracia en Canarias, y le ha tocado a este Gobierno, presidido por Paulino Rivero, llevar las riendas en la "catástrofe" en la que estamos inmersos en todos los sentidos. El presidente de la Concave considera que en estos momentos no se debe ahorrar dinero ni escatimar recursos para lograr el "empleo perdido" en estos años. "No solo del turismo vive Canarias", reflexiona Febles, quien recuerda que dependemos de nuestra tierra y, por tanto, se debía haber adoptado medidas "preventivas" y "correctivas" para que no desaparezca nuestro campo, tan importante para los canarios. "¿Cómo es posible que no se piense que podemos aprovechar las prospecciones petrolíferas que existen en la zona de nuestras aguas?", se pregunta el presidente de la Concave, quien remarca que es deber del Gobierno canario "asegurar" que podamos ser miembros importantes en este acontecimiento único. "Debemos asegurar que el máximo de empleos sea para los canarios, además de los posibles riesgos -importantes- medioambientales que pudieran ocurrir, y que las compañías petrolíferas sean responsables de los acontecimientos que pudieran suceder", subraya. Febles advierte de que el Gobierno debe asegurar primero la sanidad, más lo social y lo cultural. "El resto puede mantenerse e, incluso, ahorrar", subraya Febles, para quien el desempleo en las Islas ha acabado con familias enteras. "Se las ha llevado por delante literalmente", lamenta el dirigente vecinal, quien sostiene también que los planes generales han acabado con las perspectivas que había de mantener a muchas familias ya arraigadas en la construcción. "¿Cómo es posible que no se haga nada desde nuestro Gobierno para dar un golpe y remediar todo este abuso imperdonable?", se pregunta. "¿Por qué nuestros políticos no se recortan el sueldo, se acaba con los guardaespaldas y se terminan las pagas vitalicias?", añade. "Estamos consiguiendo que las personas no crean en nuestros políticos, que esto se haya convertido en una manera de asegurar un porvenir que nunca debió llegar", lamenta. "Saldremos de esta alguna vez, seguro, pero tardaremos y esperemos que la historia lo recuerde para no volver a repetir estos años amargos para muchos de nuestros paisanos. Esperemos que más pronto que tarde consigamos entre todos ver fórmulas a la que nos podamos aferrar y conseguir objetivos propios del Siglo XXI", concluye.

C. ACOSTA y O. GONZÁLEZ Fotos: MARÍA PISACA