La pertinaz crisis económica es el caldo de cultivo apropiado para que salgan a flote singulares historias personales que contraponen la crudeza de la realidad por la que atraviesan miles de personas en situación de desamparo con la frialdad de las administraciones que solo entienden de plazos legales y trámites burocráticos.

Lorenzo García quizás solo sea un exponente más de otras tantas personas anónimas a las que la crisis dejó tiradas en un momento de sus vidas y que se las tienen que ver con las particulares vicisitudes que entraña una circunstancia que ahora los define para muchos: ser parado de larga duración.

Mecánico naval de 45 años años, los últimos cinco en paro, arruinado y forzado a un permanente "ir tirando" gracias, sobre todo, a la ayuda de sus familiares. En los últimos años, solo una pequeña alegría. El área de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias le concedió una ayuda para recursos odontológicos, solicitada desde el pasado mes de diciembre, y que ascendió a 800 euros.

La esperanza duró poco. De forma automática el dinero de la ayuda le fue retenido debido a la ejecución de dos diligencias de embargo. Una, la menos cuantiosa, por importe de 717,62 euros en concepto de tasas impagadas por el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, popularmente conocido como el rodaje, de un coche matriculado en 1986, por lo tanto, con más de 25 años de antigüedad y exento, en teoría, del pago de este impuesto. Sin embargo, ahí está la "trampa" administrativa, solo si el titular del vehículo tramita la exención de la tasa en Tráfico, el ayuntamiento tiene el deber de concederla.

Pero este inesperado varapalo no fue el único, ni el más cuantioso, que terminó por "expoliar" su ayuda médica. Lorenzo García aún recibió otra diligencia de embargo, por un importe de 3.139,24 euros, por el impago de la licencia de instalación de un bar-restaurante que nunca llegó a abrir. La solicitud de apertura de este negocio la solicitó en enero de 2007 y le fue aprobada en marzo de 2010, cuando su situación económica ya había variado sustancialmente. En ese transcurso de tiempo, ya tuvo que abonar, en abril de 2008, las tasas para la tramitación del expediente (1.699,75 euros) y, a partir de entonces, ya no pudo hacer frente a ningún pago más.

Lorenzo García se queja de que las administraciones solo tiene afán recaudatorio sin reparar en las circunstancias vitales de cada persona. De "abandono absoluto" califica su situación, al tiempo que lamenta que solo le hayan puesto trabas a la apertura del negocio, que una vez creyó que le garantizaría su sustento y que, pasado el tiempo, se convirtió en la principal causa de su ruina.

"La casa donde iba a montar el restaurante la heredé de mi familia. Durante quince años invertí más de 100.000 euros en reformarla. No tenía ni techo", recuerda García, quien se queja de que, gran parte de sus males, comenzaron por la larga espera para obtener el permiso de apertura del negocio. Durante los más de tres años de espera, se quedó en paro y su vida comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes.

Fuentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo explican que el procedimiento administrativo para la concesión de licencias es siempre el mismo y que, en caso de que nunca se haya desempeñado la función para la que se pidió la licencia, el interesado debe renunciar por escrito a ella y los técnicos de Urbanismo comprobarán si se han ejecutado obras o no (que es el hecho imponible que se tasa) y se devolverá, en su caso, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en proporción a lo que no se haya ejecutado.

Sin embargo, de poco valen estas consideraciones para una persona que ha solicitado ayudas para alimentos al Ayuntamiento de La Laguna para poder subsistir. "No tengo dinero ni para bajar a La Laguna", se queja Lorenzo, quien no entiende la frialdad de la administración y menos aún que le hayan cobrado deudas de un dinero concedido para una ayuda de tipo médico. "Parece que no quieren que la gente trabaje, en lugar de facilitar las cosas, ponen problemas a todo y dilatan tanto la concesión de permisos que hacen que, en mi caso, mi vida no tenga nada que ver con la que tenía en 2007. La administración solo entiende de plazos legales, pero lo que le haya pasado a las personas en ese plazo, no interesa", concluye .