Los representantes de la empresa Emmasa en el consejo de administración celebrado el pasado martes por la compañía responsable del servicio de agua en Santa Cruz volvieron a apelar a la deuda acumulada por la sociedad y al déficit de 2011 para justificar la imposibilidad de invertir en la ciudad los 45,2 millones de euros previstos en el contrato firmado con el ayuntamiento en 2006.
Aunque la compañía mantiene su mutismo sobre este tipo de cuestiones, a EL DÍA le consta que la empresa esgrimió el martes los mismos argumentos utilizados durante el nuevo mandato para dilatar la concreción de esa inversión, que forma parte de la oferta que hizo la empresa matriz (Sacyr Vallehermoso) para lograr la concesión del servicio por 25 años.
Durante la reunión del pasado martes, el primer teniente de alcalde y presidente del consejo, Julio Pérez, anunció que, con fecha del 1 de este mes, había enviado una carta a Sacyr en la que le pedía que, en un breve plazo de tiempo, se produjeran avances para decidir, consensuar y concretar las actuaciones que permitiesen esa inversión estipulada por contrato.
Pérez había llegado a ese punto después de diversos consejos previos en los que, desde el primero al que asistió como presidente, había recordado esta parte del convenio sin que, hasta ahora, se produjeran novedades ni avances satisfactorios, siempre desde su punto de vista. El concejal prefirió reservar ese anuncio hasta la reunión del martes por cortesía con la empresa. Aunque recalca que no se trata de un ultimátum ni de un apremio, sí considera muy importante que se den cambios con sustancia en este ámbito al tratarse de una cifra muy considerable que, aparte de venir muy bien al municipio en la actual etapa de crisis, forma parte de una concesión que se le dio a Sacyr, entre otras cosas, precisamente por estos valores añadidos en su oferta.
El pasado martes, los representantes de Emmasa le indicaron que su carta será respondida mediante el mismo conducto a corto plazo. Sin embargo, las sensaciones extraídas de la cita por parte del gobierno local coinciden con las que se han dado hasta ahora en los nueve meses de mandato. La compañía apela a la deuda de 6,4 millones de euros en lo que toca a Emmasa, cifra que reconoce Sacyr en su balance oficial de todas sus empresas a 31 de diciembre de 2010. Además, y tal y como se esbozó el pasado martes, los números que se manejan respecto al ejercicio de 2011 dejan un déficit de 2,07 millones por este servicio en Santa Cruz, en línea con años anteriores, incluso un poco menor, pero demasiado elevado como para poder afrontar la inversión pendiente, toda vez que aumentará aún más la deuda acumulada hasta ahora.
Cumplir las exigencias
Emmasa justifica su imposibilidad de invertir lo acordado mientras se mantenga esta situación de deuda y déficit estructural año tras año. Además, ha insistido en los distintos consejos celebrados en este mandato en que ha cumplido de forma escrupulosa con limitar la subida de tarifas al IPC, aparte de aceptar las exigencias del gobierno respecto a la rebaja o eliminación de algunas tasas por reenganche y otros conceptos, así como respecto a los recargos que el consistorio considera demasiado elevados.
Ante esta coyuntura, la compañía sostiene que le resulta prácticamente imposible cumplir con la cláusula de la inversión en la ciudad y pide comprensión y margen al ayuntamiento.
Pérez, por el contrario, no disimula que, a su juicio, ya ha pasado suficiente tiempo para que se cumpla o, por lo menos, se avance respecto a esto. Aunque prefiere no hablar de plazo máximo ni de qué medidas podría tomar la corporación de persistir la situación, su carta y su postura en el consejo del pasado martes sí marca un punto de inflexión sobre la paciencia municipal.
El primer teniente de Alcalde opta por no pronunciarse e, incluso, recalca que, de momento, no se lo han planteado, pero no habría que descartar que el consistorio baraje en el futuro dar un ultimátum o estudiar sin más cautelas ni pausa una posible recuperación de la concesión por incumplimiento del contrato tras 6 años de su firma (1 de marzo de 2006).
El edil de Servicios, Dámaso Arteaga, también presente en la reunión del martes, se muestra un punto más cauteloso y asegura que trabajan para consensuar un plan de actuaciones. Pérez aclara que, desde que la empresa descartó la planta de tratamiento de lodos para cumplir con dicha inversión, se abrieron otras opciones, que ni siquiera han de estar relacionadas con el servicio de agua. Eso sí, subraya que el contrato no especifica en qué se ha de invertir los 45,2 millones de euros, pero sí que el ayuntamiento capitalino puede también plantear cuáles son las obras más convenientes o que lo decida la empresa. "Lo que sí está claro es que esa inversión ha de hacerse y ya han pasado 6 años", indica.