Pese al difícil escenario presupuestario que enfrenta la Administración autonómica para el presente ejercicio, el Gobierno canario tiene la intención de comprar dos edificios en ambas capitales autonómicas que ahora tiene alquilados, y para lograrlo negocia las condiciones con sus propietarios.

Así lo confirmaron ayer fuentes de la Consejería regional de Economía, Hacienda y Seguridad tras la publicación de dos anuncios sobre esta materia en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Se trata, por una parte, del edificio Prodamer, situado en la avenida de Buenos Aires, de Santa Cruz de Tenerife, y, por otra, el edificio de Servicios Múltiples III, que está en la calle León y Castillo de Las Palmas de Gran Canaria. Cabe recordar que el Gobierno canario tiene en marcha el Plan de Reubicación de Edificios Administrativos, una iniciativa que busca racionalizar el gasto en sedes al mudar las oficinas que tiene en inmuebles alquilados a edificios en propiedad.

Además, el Gobierno también contempla la adquisición de las sedes alquiladas en las que cuenta con una opción de compra.

El departamento que dirige Javier González Ortiz publicó ayer en el BOC sendos anuncios con la propuesta de la Dirección General de Patrimonio y Contratación -en cumplimiento de una orden del consejero de fecha 27 de febrero de 2012- que dispone la publicación de las razones que justifican el empleo del sistema de adjudicación directa en la tramitación del expediente para compra de ambos inmuebles.

La Dirección General de Patrimonio y Contratación explica en el texto del BOC que la razón para no ordenar la apertura de un concurso público, sino que la operación se tramite a través de una adquisición directa radica en la existencia de un derecho de adquisición preferente que está incluido en la opción de compra establecida en la cláusula octava del contrato de arrendamiento de ambos edificios, suscrito el 2 de febrero de 2004.

Al existir esa cláusula en los dos contratos de arrendamiento de ambos inmuebles, se explica desde la consejería de Economía y Hacienda, el Gobierno autonómico cuenta con un derecho preferente para adquirir el inmueble "que tiene la intención de ejercer".

De esta manera, la Administración regional prescinde del concurso público conforme dispone la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.