El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, echó ayer más leña al fuego ya prendido por el polémico asunto de las prospecciones petrolíferas, que el Ejecutivo estatal pretende autorizar en las costas de Fuerteventura y Lanzarote, al asegurar que el gabinete autonómico elabora "con la máxima celeridad" el impuesto "disuasorio" para que no sean rentables las extracciones que la empresa Repsol pretende llevar a cabo en esta zona de las Islas.

Así lo aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que acusó a la empresa petrolera de haber desarrollado en los últimos días "una agresiva política comercial", "una campaña de marketing" y una "subasta" sobre la eventual creación de empleos para justificar las citadas prospecciones.

Marrero precisó que el "baile de cifras" de puestos de trabajo que ha dado Repsol, entre 5.000 y 50.000 puestos de trabajo, según el medio que se consulte, "no es tentador" ante la fuerza del sector turístico de las Islas. "Parece una subasta, y, en todo caso, se trata de una horquilla tan distante en cuanto a número de empleos que es mareante", comentó.

En este sentido, subrayó que "no es negociable" la sostenibilidad de Fuerteventura y Lanzarote, y remarcó que el riesgo del petróleo para el turismo y el medio ambiente "no es un riesgo apocalíptico", sino que se basa en los propios datos de Repsol. Y es que, según apuntó el portavoz regional, la empresa petrolera ha reconocido 7.000 incidentes de fuga en cinco años. "Negar el riesgo es negar la realidad", añadió.

Apoyo parlamentario

Por ello, Marrero insistió en que el Gobierno que preside Paulino Rivero va a hacer todo lo que esté en su mano para paralizar una posible autorización de estas catas por parte del Gobierno central, pues ponen en riesgo el medio ambiente y el turismo de las Islas, y recordó que para ello tiene el apoyo del Parlamento y de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote.

Precisamente, un grupo de colectivos ciudadanos contrarios a las prospecciones petrolíferas en Canarias celebrará hoy en Lanzarote una asamblea pública, abierta y participativa. Con ella quieren preparar la manifestación que tendrá lugar el 24 de marzo, en la que la ciudadanía está llamada a salir a la calle para mostrar su rechazo a los sondeos petrolíferos.

Por otra parte, el portavoz regional aseguró que Gobierno de Canarias aún no ha decidido si subirá los impuestos para compensar el eventual recorte en la financiación e inversión procedente del Estado, pero indicó que mantiene "todas las posibilidades abiertas".

Mientras el Estado no concrete los recortes presupuestarios para Canarias "es imposible" prever un escenario, dijo Martín Marrero, quien agregó que aunque la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad "hace ejercicios teóricos", no hay ninguna decisión tomada. "Lo único constatable por el momento es que el Gobierno de Canarias no ha subido los impuestos en los últimos años, sino que más bien los ha bajado", subrayó.

Marrero reiteró que el Ejecutivo canario decidirá sobre posibles subidas de impuestos una vez que se conozca el marco de financiación estatal después de las elecciones andaluzas. "Estamos hablando de una hipótesis, así que es un ejercicio estéril especular sobre qué impuestos se subirían, si es que se suben", apuntó.

En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno acordó ayer remitir al Parlamento para su aprobación un convenio de colaboración entre las comunidades autónomas para evitar que haya doble inscripción en los respectivos registros de parejas de hecho. Este convenio permitirá compartir los datos relativos a los registros de estas parejas con todas las comunidades que lo suscriban.