Intersindical Canaria (IC), central mayoritaria en el comité de empresa de Urbaser Jardines, denuncia, en declaraciones a EL DÍA, el supuesto incumplimiento del pliego de condiciones de la concesión de este servicio por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, renovado mediante un nuevo contrato suscrito el pasado 21 de septiembre. El sindicato nacionalista asegura que se había estipulado que, en un plazo máximo de 4 meses, se renovaría gran parte de la flota y las herramientas con que cuentan los 123 trabajadores actuales, extremo que, según su versión, no se ha cumplido, aunque sí se ha incorporado un camión grúa y tres vehículos (dos turismos y un Toyota Picar), "pero para dos técnicos y un coordinador".

Los miembros de Intersindical aseguran que el material y las herramientas con las que trabajan tienen muchos más años de lo que plantea dicho pliego como recomendado, lo que está repercutiendo negativamente en sus labores y el resultado final del que disfrutan o sufren los vecinos de la capital chicharrera.

Asimismo, sostienen que, tras el reciente despido de 19 personas, 17 de ellas auxiliares de jardinería, así como 2 técnicos, la prestación también se ha debilitado "porque no podemos llegar a todos lados y hay zonas verdes que, simplemente, se están secando".

Este sindicato dice haber detectado nuevos casos (documentados también con fotos) de una supuesta invasión de competencias por parte de personal de Urbaser, empresa sin "apellido" y encargada de la recogida de la basura local desde hace años. Así se lo han transmitido al concejal del área de Servicios y Obras, el nacionalista Dámaso Arteaga, que asegura a este periódico que han abierto un expediente informativo sobre esta cuestión.

Los miembros de IC y del comité de empresa de Urbaser Jardines también critican que, desde septiembre pasado y pese a haberlo solicitado en distintas ocasiones, la compañía y el ayuntamiento sigan sin entregarles el contrato suscrito en ese mes, lo que, según señalan, supone una vulneración de la ley, por lo que ya lo han denunciado ante los juzgados.

Además, temen que la reforma laboral, unida al anuncio del edil responsable de que habrá un cambio en el modelo y mantenimiento de muchos jardines de la ciudad, de manera que se reducirá, por ejemplo, la superficie de césped, acabe suponiendo nuevas bazas para que la empresa despida a más trabajadores. Por eso, consideran imprescindible que se les entregue el contrato para saber qué plantilla es la acordada.

Arteaga, por su parte, asegura que se trata de críticas que han de ir dirigidas a la empresa, si bien matiza que, "en ningún caso", ese cambio en el modelo de jardines implicará una reducción de trabajadores. "Se mantendrán los que están en el contrato", subraya, aunque no estaba en condiciones de concretar esa cifra.

Asimismo, indica que solo pretenden un servicio mucho menos costoso y más eficiente, para lo que se están sustituyendo áreas con césped y de riego por cortezas, tierra, piedras blancas u otros elementos decorativos en pro de reducir unos gastos que cree muy elevados, aparte de que, en algunos casos, creaban malestar a vecinos y comerciantes por la pérdida y filtraciones de agua de riego. También recuerda que se han impuesto diversas sanciones a la empresa por incumplimientos.