El Gobierno de Canarias ha acordado remitir hoy al Consejo Económico y Social el anteproyecto de ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales, con el que pretende simplificar los trámites para aprobar los planeamientos y reducir duplicidades administrativas.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, ha informado, tras la reunión del Consejo de Gobierno, del contenido de esta nueva regulación que tiene, ha agregado, una "transcendencia indiscutible en el medioambiente.

Debido a la importancia de esta ley, Berriel ha comentado que antes de ser aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno y remitido al Parlamento,el texto será expuesto a información pública y será remitido al resto de las administraciones para que presenten las alegaciones que consideren conveniente.

El consejero ha manifestado que una vez que se envíe al Parlamento, el objetivo es alcanzar un acuerdo con todos los grupos parlamentarios, consenso que, según ha apuntado, es preciso porque todos han coincidido en la necesidad de simplificar los trámites administrativos y en trabajar para no bajar la guardia en la protección del medioambiente.

Berriel ha explicado que el texto pretende facilitar la redacción de los planeamientos y ha concretado que esta simplificación en los trámites supondrá que los ayuntamientos acorten los plazos para su elaboración, que establece en un año y medio.

Se trata de un plazo razonable, ha manifestado el consejero, quién ha precisado que el texto también aborda de forma más eficiente los procedimientos para proteger el medioambiente y como novedad incentiva la colaboración de los propietarios de los suelos con valor ambiental.

Al respecto el texto regula una nueva figura, la del colaborador con la biodiversidad y la sostenibilidad, que incluye al colaborador con el medioambiente y al protector del medioambiente , en función del grado de implicación en la preservación del entorno.

En materia urbanística, el texto, según la información del Gobierno, clarifica el sistema territorial y urbanístico, precisa el objeto de la planificación insular y de la municipal y delimita el ámbito de aplicación de cada una.

Con ello, agrega el Gobierno, se intenta clarificar la distribución de competencias entre las distintas administraciones.

En este capítulo se regulan las viviendas fuera de ordenación y distingue entre las situaciones de simple consolidación y la situación de fuera de ordenación en función de que la edificación hubiese sido erigida o no con los títulos administrativos necesarios.

Berriel ha informado que esta nueva regulación sobre las "edificaciones no ajustadas al planeamiento en vigor" coincide con la que establece la proposición de ley que han presentado CC y PSOE en el Parlamento y que se encuentra en tramitación.

En el anteproyecto de ley presentado hoy también se regula la evolución ambiental de planes y proyectos, que tiene como objetivo adaptar el ordenamiento a la ley de evaluación de impacto ambiental de proyecto y reestructurar el modelo de evaluación ambiental instaurado en Canarias hace 20 años.

El consejero se ha referido a los artículos sobre disciplina urbanística y ha explicado que el nuevo texto pretende corregir disfunciones de las anteriores normativas y establece un régimen sancionador más justo y de acuerdo con la situación del infractor.

Berriel ha explicado que la ley tiene quince disposiciones transitorias y una final que obliga que en el plazo de un año debe haber un texto refundido de todas las normas afectadas por la nueva regulación.