El Tribunal Supremo ha dado la razón a un incidente de ejecución planteado por Iberdrola y ha obligado al Gobierno a "refacturar" todo el recibo de la luz a cerca de 29 millones de consumidores a partir de octubre del año pasado.

A finales de 2011, el Supremo había suspendido la bajada de peajes eléctricos del 12% aplicada por el Gobierno en octubre para forzar una congelación de la luz. No obstante, la resolución era solo de aplicación desde el 22 de diciembre, cuando se conoció la decisión.

No obstante, en un auto divulgado ayer, el alto tribunal da la razón a Iberdrola y considera que la tarifa de último recurso (TUR) debe volver a calcularse para el conjunto del cuarto trimestre de 2011, y no solo para una semana.

De esta forma, las eléctricas tendrán que "refacturar" tres meses enteros de luz a los clientes, lo que, a la vista de que los peajes tienen un peso del 50% sobre el recibo, supone una presión al alza del 6% que los consumidores no han pagado y deberían abonar ahora.

A esta circunstancia se suman los autos, conocidos también ayer, en los que el Supremo concede las cautelares solicitadas por Endesa e Iberdrola y considera insuficiente la subida del 10% de los peajes de enero que permitió de nuevo al Gobierno congelar la tarifa.

De esta forma, no solo será necesario volver a facturar al cliente el último trimestre del año, sino la parte acumulada desde enero para que se recojan los costes regulados suficientes para evitar la creación de déficit de tarifa.

El Supremo ya había anulado la congelación de la tarifa pactada en junio de 2010 por el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el PP, así como el mantenimiento de la TUR en octubre del año pasado, cuando los costes energéticos y los peajes obligaban a aplicar incrementos.

En su solicitud de cautelares, Endesa pide que se reconozca un desajuste temporal de 904 millones de euros de las actividades reguladas de 2011, así como 116 millones correspondientes a 2012.

El incremento de peajes necesario para satisfacer los costes del sistema, aun contando con el desfase legal de 1.500 millones para 2012, debe equivaler a 1.888 millones, afirma.