El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, se mostró convencido, a la salida del Juzgado de Instrucción Número 3 de la capital grancanaria, de que su declaración ha servido para demostrar las "injurias" sobre el ''caso Canódromo''.

"Estoy en el absoluto convencimiento de que con mi declaración ha quedado absolutamente desmontado, desautorizada y demostrada las injurias, las falsedades y la gravedad de las acusaciones --que le han hecho--", subrayó a su salida de los juzgados en la noche del miércoles y tras más de 13 horas de declaración ante el titular del citado juzgado, Tomás Martín, y el fiscal de Medio Ambiente, Ricardo Ródenas.

Cardona entró a declarar poco antes de las 10.00 horas del miércoles y salió pasadas las 23.00 horas. Y los hechos por los que ha tenido que declarar se remontan a 2002, cuando el ahora alcalde era concejal de Urbanismo y firma el convenio de permuta de suelo con la empresa Urbacan, que posteriormente revendió sus derechos a Realia.

El primer edil ha reconocido en la puerta de los juzgados que tanto su señoría como el fiscal "han sido exhaustivos a la hora de querer conocer toda la tramitación del procedimiento", según declaraciones recogidas por Europa Press de la Cadena Cope.

Así, en cuanto a sus respuestas dijo que espera "haber dado cumplida satisfacción y respuesta al interés mostrado a su señoría y al Ministerio Fiscal" aunque reconoció que en las preguntas que por desconocimiento o que no eran de su conocimiento por ser técnicas, sus respuestas "han sido refiriéndose al carácter técnico" de las mismas.

Y a pesar de tantas horas de declaraciones, reconoció que el desarrollo de la jornada "ha sido correcta, exquisita en las preguntas y respuestas". Por su parte, incidió en que estaba "satisfecho" con lo que había trasladado al juez y fiscal.

"Estoy satisfecho porque estoy seguro de que la información, el contenido de mi respuesta y, en definitiva, la información que le he transmitido, en mi opinión, son suficientemente esclarecedores de que detrás de esta acusación no hay si no el interés del daño político. También le he facilitado al denunciante una prueba pericial, que es la que obtuvo la comisión de investigación, que es la que ahora la Asociación de Vecinos --de Ciudad Alta-- ha utilizado para imponer el recurso contencioso administrativo contra el convenio urbanístico que nunca había sido recurrido y he acreditado que, por primera vez, lo que recurre la Asociación... es un recurso en el que el Ayuntamiento se ha personado hace escasos días", apuntilló.

Añadió que el "objetivo perseguido por quienes instigaron esa comisión, que era dañar políticamente a quien les habla, y en segundo lugar dotar a los denunciantes de una prueba pericial, al menos ese segundo objetivo sí lo ha conseguido".

Finalmente, recordó que el sobreseimiento del caso se produce considerando el juez, que la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que anula la sentencia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Canario (TSJC), aconsejaba la citación de Cardona.