El juez del "caso Canódromo" ha interrogado hoy durante casi trece horas al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona (PP), sobre los convenios firmados hace diez años en ese expediente urbanístico, en una declaración que este confía que haya servido para demostrar la "falsedad" e "intencionalidad política" de las acusaciones.

Por primera vez desde que se abrió el caso, Cardona ha comparecido hoy en el Juzgado número 3 de Las Palmas de Gran Canarias para explicar, en calidad de imputado, los convenios que suscribió en 2002 como concejal de Urbanismo con la sociedad Inprocansa para el desarrollo de los terrenos del Canódromo.

Desde las 9.50 horas hasta casi las 23.00, con un receso para comer de poco más de media hora, el actual alcalde de la ciudad ha respondido a las preguntas del magistrado instructor, del fiscal de Medio Ambiente de Las Palmas y del letrado de la acusación particular sobre los detalles de esa operación urbanística.

En el recurso que presentó contra el archivo de esta causa, la Fiscalía pidió al juez que se indagase si esos convenios incurrieron en delitos de prevaricación y malversación, ya que la comisión del Ayuntamiento que investigó los hechos la pasada legislatura -bajo el mandato municipal del PSOE- concluyó que la valoración de los terrenos benefició a las empresas en perjuicio del Consistorio.

La acusación particular hace responsable de esos supuestos delitos a Cardona, por ser el concejal que negoció y firmó los convenios de permuta de terrenos incluidos en la operación, pero este asegura que hoy ha dado explicaciones suficientes al juez para demostrar que "en absoluto" se perjudicó a la Hacienda municipal.

Además, ha confiado que el "exhaustivo" interrogatorio al que ha sido sometido haya bastado para poner de manifiesto que, detrás de este caso, solo hay "una intención política" de injuriarle y desacreditarle y que la comisión municipal constituida la pasada legislatura también estuvo orientada a lograr esa finalidad.

"Estoy en el absoluto convencimiento de que con mi declaración ha quedado desmontadas y desacreditadas las injurias de la comisión de investigación", ha asegurado Cardona a los periodistas, en una improvisada rueda de prensa a la salida del Juzgado.

El alcalde ha recalcado que hoy volvería a firmar los mismos acuerdos por los que ha sido imputado, porque está convencido de que no había ninguna ilegalidad en ellos y de que las valoraciones de los terrenos del Canódromo respondían a los criterios que los técnicos del Ayuntamiento venía utilizando de forma habitual.

Además, ha opinado que este procedimiento va a servir para demostrar que la comisión de investigación solo tuvo dos fines: dañarles políticamente a José Manuel Soria -alcalde en aquellas fechas- y a él y proporcionar a la acusación particular que denunció los hechos un informe pericial para poder impulsar la causa.

Cardona ha defendido, asimismo, que la selección de la empresa que hizo ese informe para la comisión de investigación municipal estuvo "predeterminada", pues se buscó, a su juicio, a un gabinete que ya había expresado su discrepancia con los criterios de valoración utilizados en la permuta de terrenos del Canódromo.

El alcalde ha insistido en que puede demostrar que es "una burda falsedad" que los técnicos municipales se apartaran en esa valoración de sus criterios habituales, algo que prueba, ha dicho, un informe de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias de la época en que Jerónimo Saavedra (PSOE) lo presidía.

El juez del caso Canódromo sobreseyó este procedimiento penal el pasado mes de diciembre, en una decisión que él mismo decidió revisar en febrero al ver que el Tribunal Supremo no se pronunciaba sobre la legalidad o ilegalidad de ese Plan Especial, sino que se limitaba a ordenar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que dictase una nueva sentencia al respecto mejor fundamentada.

En su recurso contra ese inicial archivo de la causa, la Fiscalía de Las Palmas defendía que debían investigarse los indicios de malversación y advertía de que, de no practicarse nuevas pruebas, los posibles delitos investigados prescribirían en curso de unas semanas.