El Gobierno ha aprobado hoy un plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial que permitirá ahorrar 1,08 millones de euros al año, con la supresión de 154 consejeros y cuyo objetivo es configurar un sector más reducido, más racional y más eficiente.

El plan, explicado hoy por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, prevé que en 80 sociedades mercantiles se producirá la supresión, desinversión o agilización de liquidación.

Así, recoge la extinción de 24 sociedades mercantiles estatales, el 17 % del total, entre las que se encuentran la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), Ingeniería y Servicios Aeroespaciales (INSA), Remolques Marítimos S.A. (REMOLMAR) o la Sociedad de Ventas de Loterías (SEVALAE).

La desinversión se producirá en 8 sociedades, el 6 % del total, tales como Olimpic Moll, Cytasa o Portel Servicios Telemáticos y habrá una agilización de la liquidación en 13 sociedades, como Barcelona Holding Olímpico o Izar.

Estas operaciones afectan a 45 sociedades mercantiles estatales, el 32 %, a las que hay que añadir la desinversión de participaciones mayoritarias de la administración general del Estado en otras 35, como Parque Marítimo Santa Cruz, S.A., o Construrail, S.A.

Además, se extinguen o fusionan 9 fundaciones de sociedades estatales, entre ellas, la Fundación SEPI o la Fundación Efe.

La vicepresidenta ha señalado que el Estado "puede poner la casa en orden y lo ha decidido" y ha manifestado que el sector público no está para mantener restos del pasado de por vida.

Asimismo, ha destacado que el plan se rige por los principios de la eficiencia, la economía y la estabilidad presupuestaria y con él, ha resaltado, se da un primer paso para evitar la huida del Derecho Administrativo con el propósito de escapar de los controles presupuestarios, del gasto, del régimen patrimonial y de la contratación y, especialmente, del régimen retributivo funcionarial.

La vicepresidenta ha subrayado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local seguirán un proceso idéntico al abordado por el Gobierno, con un compromiso de reducción en torno al 25 %, porcentaje que ya se aprobó en 2010 pero que no se ha llevado a cabo.

Sáenz de Santamaría ha incidido en que con el plan se ahorra en gastos de directivos de los órganos de administración, y se gana en racionalización, eficiencia, eficacia y en mayor transparencia para que los ciudadanos vean cómo se gestionan los ingresos públicos.

A este respecto, ha informado de que, según el último inventario de 31 de diciembre de 2011, la administración general del Estado tenía 228 empresas públicas y operaba sobre 85 y ha añadido que en el ámbito autonómico la cifra es superior y en el local incluso más.

Así, hay 2.372 empresas, 626 fundaciones (sólo 52 son del Estado) y 1.055 consorcios.

El Plan se publicará en el BOE y la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos efectuará un seguimiento de su cumplimiento con el fin de elevar un informe al Consejo de Ministros en el primer trimestre de 2013.

Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Gobierno creará un único órgano administrativo responsable de la gestión patrimonial del Estado y de la coordinación de todos los ministerios de cara a un uso racional de sus inmuebles.