Miles de perros potencialmente peligrosos, entre 3.000 y 5.000, siguen al margen de la ley en Tenerife. La legislación específica aprobada hace casi 13 años para regular la tenencia de estos animales, la ley 50/1999, se sigue incumpliendo de forma sistemática e impune, con la complicidad de los ayuntamientos, que son la administraciones encargadas de velar para que esta legislación no quede en papel mojado.
Los consistorios tinerfeños solo han otorgado licencias obligatorias a 4.285 perros potencialmente peligrosos, según los datos que han aportado a EL DÍA. Sin embargo, el Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife tiene constancia de la existencia de 7.265 canes peligrosos censados en Tenerife, o sea, 2.980 más, según el Registro Canario de Identificación Animal Zoocan. En esta lista se incluye a cualquier perro atendido en una consulta veterinaria.
La diferencia entre los censos municipales y el Zoocan establece que existen más de 2.980 canes peligrosos que carecen de licencia en Tenerife. Además, el citado colegio calcula que alrededor de un 30% más de estos animales no aparecen en ningún registro, debido a que sus propietarios no cumplen con la obligación de identificarlos ni los llevan nunca al veterinario. Se trata de otros 2.200 perros peligrosos en situación ilegal. Esto elevaría el número real de canes sin licencia a más de 5.000 en la Isla.
Si la mayoría de los ayuntamientos tinerfeños no cumplen con la obligación de controlar la población de estos animales, las policías locales y otros cuerpos de seguridad tampoco ponen especial interés en sancionar los incumplimientos de una ley de 1999 desarrollada por un reglamento de 2002. En una Isla con una población estimada de más de 9.000 perros peligrosos, donde es habitual ver a estos canes sueltos o sin bozal en calles, plazas, parques y playas, los agentes municipales solo impusieron 187 sanciones en todo el año 2011.
El 84% de estas sanciones se produjeron en cinco municipios: Santa Cruz (90), La Laguna (24), La Orotava (18), Granadilla (15) y San Juan de la Rambla (10). Quince de los 31 ayuntamientos de la Isla no impusieron ninguna sanción en 2011. Se trata de Vilaflor, Tacoronte, Santiago del Teide, Los Realejos, La Victoria, La Matanza, La Guancha, Icod, Guía de Isora, Garachico, Fasnia, El Rosario, El Tanque, Arico y Arafo.
Once municipios impusieron un número testimonial de multas: Arona (6), El Sauzal (4), Puerto de la Cruz (4), Adeje (3), Candelaria (3), Santa Úrsula (3), Güímar (2), San Miguel (2), Los Silos (1), Buenavista (1) y Tegueste (1). Fuentes policiales lamentan que en algunos municipios los agentes sí cumplen su trabajo, pero los ayuntamientos no tramitan las multas.
Ni siquiera el afán recaudatorio en época de crisis estimula a los ayuntamientos a hacer cumplir una ley que prevé sanciones mínimas de 150 euros y máximas de 15.000. En este caso, hacer respetar la ley generaría importantes beneficios a las arcas municipales: Adeje recaudó el año pasado 7.212 euros por tres únicas sanciones. En la actualidad, este ayuntamiento sureño tiene abiertos 17 expedientes que podrían generar unos ingresos extra de 210.000 euros.
La presidenta de la Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas, Adriana Naranjo, lamenta que la ley 50/1999 siga sin cumplirse: "Se siguen abandonando estos perros, muchos dueños no tienen licencia, se adiestran para activar su agresividad, se organizan peleas, no se identifican y muchos siguen en la calle sin bozal ni correa".
Naranjo plantea que "se debería hacer más énfasis en el objetivo de la tenencia, debiendo acreditar para qué lo quiere el propietario: si para guarda, vigilancia o defensa, teniendo que pasar previamente un adiestramiento profesional".
El Zoocan indicaba esta semana que en Canarias existen 14.013 perros potencialmente peligrosos. Tenerife es la Isla que cuenta con más: 7.265, frente a los 4.346 de Gran Canaria. Santa Cruz es el municipio con más canes peligrosos (1.578), seguido de La Laguna (1.498), Arona (649), Granadilla (369), Adeje (332), La Orotava (276), Los Realejos (258) y Tacoronte (257).
Solo Santa Cruz, La Laguna, El Sauzal, La Victoria, Los Silos y Vilaflor, en Tenerife; Valle Gran Rey, en La Gomera, y la Villa de Mazo, El Paso, Breña Baja, Breña Alta, San Andrés y Tijarafe, en La Palma, mantienen convenios de colaboración con el colegio provincial de veterinarios para el control de estos animales.
Otras localidades que carecen de convenio también mantienen cierto control sobre sus poblaciones de perros peligrosos, como Buenavista, Garachico, La Matanza, San Juan de la Rambla, Santa Úrsula, Fasnia, El Tanque, Granadilla, Los Realejos o Arona. Pero en la Isla también hay municipios que ni siquiera cuentan con censos, como es el caso de Santiago del Teide, y otros en los que sus registros apenas recogen un porcentaje mínimo de los animales identificados en su localidad.
Especialmente llamativos son los casos de La Laguna, donde hay más de 1.191 perros peligrosos sin licencia municipal y solo un 20% en situación legal, o La Orotava, con más de 240 canes sin controlar y apenas un 13% con licencia.
El Rosario, con solo ocho licencias concedidas, tiene en situación legal a apenas el 3% de sus perros peligrosos. Más de 235, el 97%, están fuera de la ley. Tacoronte tiene en situación irregular a más de 200 perros, el 78% del total. En Adeje el porcentaje de cumplimiento de la ley llega al 42%, pero siguen existiendo más de 190 perros sin licencia. En Guía la ley la cumple un 16%. En Icod, Arafo o Arico no llega al 15%. En San Miguel, el 93% son ilegales. Tegueste tiene más de 124 perros en situación irregular, el 87%, y el Puerto más de 106, el 66%.
Veterinarios consultados por EL DÍA lamentan "la escasa conciencia social y responsabilidad de un porcentaje muy alto de dueños de estos animales, que requieren unas condiciones de seguridad que muchos no están dispuestos a asumir o que ni siquiera se han molestado en conocer".
A su juicio, "hace falta una mayor implicación de las autoridades para hacer cumplir la ley, ayudar a prevenir ataques y garantizar la seguridad ciudadana".
"Frente a la irresponsabilidad de algunos dueños, las administraciones públicas y los cuerpos de seguridad deben contar con los medios necesarios para ejecutar sus competencias con garantías", apuntan estas fuentes.
Los veterinarios cumplen un papel importante en el control de estos animales, ya que informan al dueño de sus obligaciones y dan los datos del animal al Zoocan. Los ayuntamientos que suscriben un convenio con el colegio veterinario pueden mantener sus censos municipales actualizados en tiempo real y contactar con los dueños para que regularicen la situación de sus perros. Las herramientas de control existen, lo que falta es voluntad política.
Desde el Colegio de Veterinarios se recuerda que, en todo caso, "es responsabilidad y obligación del dueño de un perro potencialmente peligroso personarse en su ayuntamiento para tramitar la licencia".
El Real Decreto 287/2002 que desarrolla la ley 50/1999 sobre la tenencia de animales potencialmente peligrosos incluye las razas potencialmente peligrosas (ver fotos). La ley también considera perros potencialmente peligrosos a los que presenten características como fuerte musculatura; pelo corto; perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kilos; mandíbulas grandes y fuertes, y cuello ancho, musculoso y corto.
En todo caso, la ley indica que "serán considerados perros potencialmente peligrosos aquellos que manifiesten un carácter agresivo o que hayan protagonizado agresiones a personas o animales".
La obtención o renovación de la licencia municipal requiere ser mayor de edad; no haber sido condenado por determinados delitos; no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves de la ley 50/1999; disponer de capacidad física y aptitud psicológica para este fin, y contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con cobertura mínima de 120.000 euros.
Las medidas de seguridad que establece la ley son la obligatoriedad de portar siempre la licencia en vigor, y el uso obligatorio en espacios públicos tanto de bozal como de cadena o correa de menos de dos metros de largo, "sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por persona".
Las infracciones muy graves, que se castigan con multas de entre 2.400 y 15.000 euros, son el abandono; la posesión sin licencia; vender o transmitir uno de estos animales a quien carezca de licencia; adiestrarlos para activar su agresividad o para finalidades prohibidas; adiestrarlos sin certificado de capacitación, o la participación en actividades agresivas.
Las infracciones graves, que se castigan con sanciones de entre 300 y 2.400 euros, son dejarlos sueltos o no haber adoptado medidas para evitar su fuga; incumplir la obligación de identificar el animal, o tener al perro en lugares públicos sin bozal o sin correa.