El sector del transporte terrestre del Archipiélago ha convocado una jornada de movilización para el próximo 12 de abril "con el objetivo de reclamar la implantación del combustible profesional, tal y como sucede con otros colectivos de las Islas y para pedir soluciones a una serie de problemas que afectan al colectivo como es el caso de la obligatoriedad del uso del tacógrafo y el intrusismo", según señaló ayer el presidente de la Asociación de Empresarios de Transportes de Tenerife (AET), Ignacio de la Paz.

Al respecto, agregó que "ya han confirmado su participación en este paro patronal la gran mayoría de las asociaciones del transporte de mercancías y de pasajeros de todas las Islas, y estamos en contacto con las ambulancias y el sector del taxi para que se sumen a la protesta".

El titular de la Asociación de Transportistas de Canarias (Astracan), Juan Antonio Martel, puntualizó que "la iniciativa estaba prevista para el próximo 30 de marzo, pero se optó por aplazarla al coincidir con el día posterior de la huelga general".

De La Paz precisó que "la protesta comenzará a primera hora de la mañana con una serie de concentraciones de camiones y guaguas a la entrada de las capitales de cada isla y, a continuación, se presentará un escrito con las reivindicaciones de los transportistas ante las correspondientes sedes del Ejecutivo autónomo y la subdelegación del Gobierno central".

"A esto se le suman diversas marchas lentas que, en el caso de Tenerife, partirán en dirección al Puerto de la Cruz y Candelaria", apostilló el máximo representante de AET.

Martel subrayó que "la situación en el sector es cada vez más complicada, a raíz de la constante subida del petróleo, así como por el escaso apoyo de las administraciones públicas".

El presidente de Astracan denunció también "la incertidumbre generada en el sector como consecuencia de los retrasos en el pago de unas pequeñas ayudas para el combustible que concedía el Ejecutivo autónomo y, para colmo, se rumorea que existe la intención de gravar al sector con un nuevo impuesto".

Sobre este asunto, Martel y De La Paz expresaron su malestar por "la falta de subvenciones y líneas de ayudas para el transporte terrestre, mientras que proliferan las destinadas al marítimo y el aéreo".

En lo que atañe al tacógrafo, enfatizó que, a pesar de que tras su implantación, en enero de 2010, se logró paralizar la ejecución de las sanciones en el Archipiélago, atendiendo a la peculiaridad de su territorio, "hace algo más de un mes se han vuelto a sacar esos expedientes a la luz y, en nuestro peor momento de la historia, nos están llegando sanciones de 2.000 a 6.000 euros".

En este contexto, indicó que "el Ministerio de Fomento se comprometió con nosotros antes de las elecciones que esta norma se iba a retirar para las islas de menos de 2.300 kilómetros cuadrados, como es el caso de Canarias, sin embargo el nuevo Ejecutivo aún no se ha pronunciado al respecto".

Por último, Astracan y AET recalcaron que "desde que se inició la crisis, el intrusismo ha crecido considerablemente en el sector, lo que ha propiciado que los precios se hayan venido abajo".