El Gobierno de Canarias ha decidido, con el visto bueno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y del Cabildo de Tenerife, encargar a la inversión privada la ejecución de la obra del nuevo puerto de la ciudad turística, adaptado a los recortes impuestos por Costas. El ente público Puertos Canarios aprobó ayer, a propuesta del ejecutivo regional, iniciar el proceso de concesión administrativa para encontrar inversores privados dispuestos a ejecutar el nuevo muelle y las infraestructuras complementarias con una inversión mínima de 70 millones de euros, a cambio de gestionarlo durante 30 años.

La idea inicial es que la iniciativa no requiera aportación directa de dinero público, aunque el Gobierno de Canarias plantea al futuro concesionario la rebaja del 80% del canon por la explotación de la infraestructura a cambio de que construya la dársena pesquera. Se calcula que esta exención a cuenta de la ejecución de la parte pública rondaría los 12 millones de euros. Por ello, técnicamente, se habla de un sistema de colaboración pública y privada.

Otra de las novedades de esta fórmula de ejecución es que el proyecto que presenten los aspirantes a la concesión tendrá que adaptarse a las últimas restricciones impuestas por Costas, que ha dejado fuera alrededor de una cuarta parte de la superficie aprobada inicialmente (ver imagen superior). Esta decisión ha sido recurrida por el Gobierno de Canarias, pero para no retrasar más el proyecto se ha optado por sacarlo a concesión en formato reducido.

La intención es que los promotores privados planteen un puerto más pequeño, adaptado a la nueva zona delimitada por Costas, "sin descartar que en el futuro se pueda ampliar si el recurso prospera", según recalcaron ayer el alcalde del Puerto de la Cruz, Marcos Brito, y el director del ente público Puertos Canarios, Juan José Martínez. Este último subrayó que la reducción del proyecto no obligará a realizar nuevos estudios de impacto ambiental ni otros trámites añadidos.

También se prevé que el proyecto se ejecute por fases, para que las partes terminadas puedan ponerse en uso antes de que termine la obra en su totalidad. Según los planes del Gobierno de Canarias, los inversores privados tendrían que iniciar los trabajos en la zona de tierra, donde se prevé instalar aparcamientos, un parque marítimo y una zona comercial y de ocio. Este orden de ejecución permitirá comenzar a explotar la zona terrestre de aprovechamiento del puerto mientras se concluyen las obras en el mar.

Esta nueva fórmula para sacar adelante este anhelado proyecto se anunció ayer en una rueda de prensa a la que asistieron el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero; el consejero regional de Obras Públicas, Domingo Berriel; el vicepresidente primero del Cabildo insular, Carlos Alonso, y los citados Marcos Brito y Juan José Martínez Díaz.

Rivero destacó la importancia de esta "viejísima aspiración de los habitantes del Puerto de la Cruz y del resto del Norte de Tenerife" para "la mejora de la competitividad económica y turística de la ciudad".

La obra prevista deberá suponer una inversión mínima de 70 millones de euros, con los que se actuará sobre una superficie en tierra de 80.000 metros cuadrados y una lámina de mar de 340.000 metros cuadrados. Tendrán cabida más de 500 atraques deportivos y 50 atraques pesqueros; una superficie para actividades comerciales y de ocio de 10.000 metros cuadrados, y un aparcamiento de 1.700 metros cuadrados.

Martínez apuntó que una concesión para una obra de este tipo "en un destino turístico consolidado siempre despierta interés entre los inversores privados" porque, según aseguró, "la viabilidad económica sería inmediata".

El Ayuntamiento portuense también trabaja en la actualidad en la creación de una nueva vía de acceso al futuro muelle, que pasaría por la trasera del Castillo San Felipe y la piscina municipal.

los plazos

El muelle, "en nueve años como máximo"

Puertos Canarios aprobó ayer el pliego de condiciones de la concesión administrativa del nuevo muelle del Puerto de la Cruz. Los inversores interesados tendrán un plazo de seis meses para presentar sus propuestas a partir de la publicación del anuncio en el BOC. Una vez evaluados todos los proyectos que se presenten a la licitación, se prevé que Puertos Canarios otorgue la concesión administrativa dentro de un año aproximadamente (marzo de 2013), y las obras deberían comenzar en el plazo máximo de seis meses desde ese momento (septiembre de 2013). Según el cronograma presentado ayer en rueda de prensa (en la foto), dentro de algo más de tres años se concluiría la primera fase de la obra (entre 2015 y 2016), que supondría la puesta en explotación de las instalaciones terrestres, mientras continúan los trabajos en el mar durante los siguientes seis años. Puertos Canarios se ha planteado un plazo máximo de nueve años para la terminación del nuevo muelle, que podría estar listo entre 2021 y 2022.