TERMINADO el festín compuesto, opíparamente, por un formidable surtido de jamón ibérico, los líderes de las principales centrales sindicales se apresuraron a convocar para el próximo 29 de este mes una huelga general de veinticuatro horas, la sexta en esta todavía joven democracia española. Protesta contra la anunciada reforma laboral del Ejecutivo de Rajoy, al que no le han concedido tiempo para sentarse en sus despachos e iniciar, como es norma no escrita, los cien primeros días de gobierno. Su principal medida es la de proporcionar a los empresarios unas disposiciones que faciliten el despido de trabajadores con una flexibilidad que cambia radicalmente las relaciones laborales hasta ahora vigentes en España.

No entramos en el farragoso mundo de los números, pero sí hacer referencia al titular de estas líneas, que engloba parte de los cambios que se tienen que tramitar en el Congreso. Se avanza que para contratar hay que despedir, esto es, al empresario le resulta beneficioso para sus legítimos intereses dar el finiquito a un trabajador de 50 años, con trienios y diversos pluses, y abrir las puertas a un joven con apenas derechos. Surge la duda de si con este modelo se crearán, efectivamente, puestos de trabajo. ¿Salen tres y entra uno? Estamos ante un escenario que agrupa a unos protagonistas (Gobierno, empresarios y trabajadores) que han representado una función que, lejos de buscar y estudiar una deseable negociación, se han apartado de lo que muchos esperamos, es decir, alcanzar la desconvocatoria de esta movilización que, por otro lado, constituye un importante y decisivo órdago para los sindicatos.

La reforma que propone el Gobierno va también encaminada a un necesario cambio en las estructuras sindicales, hoy, como es sabido, hundidas en los numerosos excesos que las han llevado a ocuparse más de lo que sucede en su más recóndito interior que en los trabajadores que han confiado en ellas para, precisamente, encontrar un empleo o luchar contra el despido. Hablando de atropellos (es una expresión menos dura), el otro día escuchamos a un perverso sindicalista pronunciándose a través de una emisora de radio en los términos siguientes: "Compañeros, compañeras: no debemos olvidar que el día 29 comienza a las doce de la noche, y hasta la mañana siguiente tenemos muchas horas para emplear silicona en toda pestillera que encontremos". Abominable.

Conviene recordar que los piquetes denominados informativos (este fulano estará en alguno de ellos) tienen prohibido cualquier tipo de amenazas a aquellas personas que, libremente, opten por trabajar. Los que decidan participar en la huelga pueden propalar publicidad referida a la misma, pero olvidando la coacción. Aquí surgirán problemas que, seguramente, rayarán en el insulto personal. Por otro lado, uno de los mandatos constitucionales dice que "se establecerán las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad". Esto es, los servicios mínimos deben organizarse de tal manera que eviten el colapso del país. También las empresas tienen prohibido contratar a empleados externos porque "se vulnera así el derecho a la huelga".

Esta reforma afecta, no cabe duda, a la vida laboral de los trabajadores, y si, por un lado, se debe llegar a la eliminación de las subvenciones a sindicatos, patronal y partidos (aquí Rajoy encontraría los nuevos cinco mil millones de euros que le exige Europa) y, por otro, las empresas obtienen mayor flexibilidad y exclusiva competencia a la hora de informar sobre la marcha de los negocios (si detallan que llevan tres meses consecutivos de pérdidas pueden mover la plantilla), es deseable que se arbitren medidas que contemplen una mayor participación de los trabajadores en la empresa y que estos tengan una opinión propia de cómo marchan las cosas. Y las cosas no pueden limitarse a un salario, que se puede perder en cualquier momento, sino que no debe soslayarse la condición de persona del trabajador, negación que ha conducido a numerosos conflictos. Esta reforma laboral, tal y como se ha presentado, no creará puestos de trabajo. Y lo importante hoy es, exactamente, crear puestos de trabajo... con ayudas a las pymes, con reducir las cuotas a la Seguridad Social, con una reforma fiscal que aclare lo que cada uno, ciertamente y sin vericuetos tramposos, percibe, y obligar a la banca a abrir las puertas para que asomen los créditos. ¿Es tan difícil que Gobierno, patronal y sindicatos dialoguen sobre esta base? La desconvocatoria se espera.