El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, advirtió ayer de que nadie marcará "el ritmo" que se ha fijado el Gobierno en la política penitenciaria con los reclusos de ETA, en la que se aplicará la ley con "todo el ri-gor" pero también con "toda la generosidad" que permite la legislación.

"Nadie nos va a marcar el ritmo, el camino que tiene trazado el Gobierno", alertó Fernández Díaz en su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado, en la que insistió en que la intención del Ejecutivo es impulsar una "reinserción individualizada" de los presos etarras.

El titular de Interior dejó claro que el Gobierno no va a permitir que haya "otro guión" que el que marca la normativa penitenciaria, que se aplicará con "todo el rigor" pero también con "toda la generosidad" que permite la legislación y bajo los principios de "inteligencia", "prudencia" y "discreción".

Así, Fernández Díaz destacó que "nadie" marcará la hoja de ruta fijada por el Gobierno en este ámbito, ni ETA, ni la izquierda abertzale, ni tampoco ningún otro elemento interesado de forma directa o indirecta que, a su juicio, pretenda "contaminar el relato" de lo sucedido con el terrorismo de ETA. También arremetió contra la izquierda abertzale que, a su juicio, sigue "parapetada en su cobardía" y sin pedir a ETA que desaparezca, entregue las armas y desmantele todas sus estructuras.

Las víctimas

En este proceso, el titular del Interior afirmó que las víctimas del terrorismo serán siempre una "prioridad" de su gestión y por ello anunció que la única partida de su departamento que no sufrirá recortes a pesar de la "drástica" restricción del gasto serán las ayudas para este colectivo.

La austeridad y la racionalición de los recursos públicos es también la principal razón para la puesta en marcha de un plan de reducción de escoltas que comenzará a aplicarse desde hoy en el País Vasco y Navarra y a partir de abril en el resto de España. Reconoció que la amenaza de ETA permanece latente pero aseguró que el número de personas protegidas, unas 1.500, está muy por encima de lo razonable.

Más de 3.000 policías y guardias civiles están asignados a tareas de protección, sin contar con otros 700 escoltas privados, lo que cuesta a Interior de unos 160 millones de euros anuales.

La Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra ha cifrado esa reducción de escoltas privados en un 55%.

Además del ahorro económico, Interior espera recuperar para el servicio de seguridad ciudadana a muchos de los policías y guardias civiles que ahora trabajan de escoltas.