A la espera de la reunión con el resto de grupos y plataformas vecinales prevista para mañana en la Gerencia de Urbanismo, el concejal de Política Territorial de Santa Cruz, el socialista José Ángel Martín, puso énfasis ayer, en declaraciones EL DÍA, en un aspecto que considera muy importante y que, en su opinión, no ha sido difundido como merecía para aclarar algunas de las cuestiones más polémicas del documento que se aprobará en breve en el pleno municipal. Se trata del hecho de que, en la aprobación del PGO del 4 de enero de 2010, ya se eliminaron buena parte de las remontas ilegales y aprovechamientos de las áreas saturadas, las de una edificabilidad de más de 12.000 metros cuadrados o de una población superior a 400 vecinos.

Según recalca Martín, se trata de unos aprovechamientos que, durante este tiempo, han seguido siendo esgrimidos por los sectores más críticos con el PGO y que, sin embargo, fueron simplemente eliminados sin que se explicara o difundiera como debía. En este caso, y según sus datos, se encuentran enclaves como El Cabo, el centro, El Toscal, Rambla Pulido-Duggi, La Salle, Salamanca y El Draguillo, donde no se prevé ningún incremento de edificabilidad para uso residencial o turístico.

En el caso de las remontas (edificios catalogados a los que, generalmente, se les permitía dos nuevas alturas), Martín subraya que, el ejemplo más polémico, el de La Moderna, pasa de cuatro plantas a dos, "que eran las que ya estaban contempladas en el plan de 1992, toda vez que éstas no se pueden eliminar porque se trata de derechos adquiridos, por lo que el ayuntamiento tendría que pagar cuantiosas indemnizaciones". Además, recalca que esas dos plantas nuevas no podrán ser para uso residencial o turístico, sino comercial.

También alude al caso del número 39 de la calle del Pilar, que baja de 7 a 5 plantas, aunque, a diferencia del otro, aquí sí se permite el uso residencial. Asimismo, se halla la situación del número 54 de la calle Castillo, con dos plantas para que quede homogeneizado con los inmuebles de la zona, o el de un edificio de la calle Méndez Núñez, que pasa de 8 a 5.

Martín supo de esta situación cuando ya se había convertido en edil de Urbanismo y lo cree algo muy relevante. Según remarca, la eliminación de todos los aprovechamientos o remontas legales supondría un desembolso tan elevado para el consistorio por indemnizaciones que arruinaría a la ciudad (lo cifra en unos 100 millones).

Por otro lado, el concejal dice que la admisión por parte de la Fiscalía de delitos Medioambientales de la denuncia sobre una posible falsificación en la documentación del PGO durante su aprobación en 2010, al entregarse a la oposición una información menor de la luego aprobada, la afronta el gobierno y la Gerencia con "mucha prudencia" y hasta con incertidumbre por lo que pueda pasar. Además, niega que haya una estrategia para que, cuando el PGO llegue a la Cotmac, se haya modificado el artículo 34 de la Ley y se diluya la hoja de ruta local.