El plan puesto en marcha por el Gobierno de Canarias para racionalizar las empresas públicas y fundaciones de las Islas podría dejar en la calle a unos 500 trabajadores "de estructura" -fijos-.

Así lo aseguraron ayer fuentes de Comisiones Obreras (CCOO) consultadas ayer por este periódico, que lamentaron la "imposición" que, en algunos casos, se está produciendo por parte del Ejecutivo en la negociación del citado plan de racionalización. "Queremos que haya una verdadera negociación", subrayaron desde el sindicato.

Las mismas fuentes reconocieron que "no va a quedar otro remedio" que asumir que va a haber una disminución de trabajadores externos relacionados con las empresas públicas, pues dependen de los apoyos económicos y las encomiendas que reciban, pero se niegan a aceptar que haya una "reducción" de empleados de fijos. "No sobra nadie", avisaron.

En este sentido, las fuentes de CCOO advirtieron de que racionalizar no puede ser hacer un ajuste, "sí o sí", pues esto se llama de otra manera, y remarcaron que el Gobierno regional tiene "muy poca confianza" en los trabajadores de las empresas públicas.

"Somos conscientes de que estamos en una situación económica complicada, pero, en absoluto, podemos estar de acuerdo en que los planes de ajuste lleguen al extremo que están llegando", remarcaron las fuentes sindicales.

Es más, advirtieron desde CCOO que no hay "ninguna duda" de que habrá conflictividad laboral, pues el Gobierno autónomo tiene la intención "sí o sí" de hacer el ajuste, y remarcaron la "importancia" para el empleo que tienen algunas de las empresas afectadas por el plan del Ejecutivo.

La denuncia de CCOO viene a colación del plan de ajuste de personal que se intenta aplicar en la empresa pública Gesplan y que, según varias fuentes sondeadas, puede afectar a 25 de las 151 personas fijas con las que cuenta.

Según avanzaron desde CCOO, los representantes sindicales están pendientes de una reunión, la próxima semana, con el gerente de la citada empresa para abordar el asunto. "No se puede hablar aún de ERE", apuntaron, al tiempo que añadieron que han logrado "ampliar" los plazos del plan de racionalización del Gobierno, que establece el 31 de marzo como la fecha límite.

En este sentido, desde la dirección de Gesplan rehusaron ayer precisar más datos al respecto, y remarcaron que el plan de viabilidad "aún se está negociando", por tanto no hay nada "definitivo". "Decir lo contrario sería especular", aclararon.

La iniciativa que ahora se negocia en la empresa que se dedica al planeamiento territorial y medioambiental del Archipiélago forma parte de las medidas "adicionales" que aprobó hace pocas semanas el Gobierno regional, para racionalizar las empresas públicas.

Con estas nuevas medidas, el Ejecutivo pretende reducir los gastos estructurales fijos en un mínimo de un 15%, en relación con 2011, lo que supondría un importe global cercano a los 20 millones de euros.

Además, el plan impulsado por la Consejería que dirige Javier González Ortiz establece la enajenación de activos por valor de, al menos, 40 millones, la venta de la participación en el capital de dos entidades, así como al desinversión en 15 sociedades mercantiles participadas. La medida se completa con un ajuste en las estructuras organizativas de 14 empresas.