Canarias es la segunda comunidad autónoma, por detrás de Valencia, que peor índice de desarrollo de sus servicios sociales tiene, con una valoración de 1,80 sobre diez, según una evaluación realizada por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

En cuanto al gasto que se destina por habitante y año a estos servicios, Canarias es la tercera que menos aporta, con 155 euros, muy por debajo de la media estatal, que se sitúa en 280 euros.

Castilla y León es la comunidad autónoma con mejor índice de desarrollo de sus servicios sociales (6,90 sobre diez), seguida de País Vasco y La Rioja (ambas con 6,70), mientras que la Comunidad Valenciana (0,80), Canarias (1,80) y Madrid (2,50) son las que peor calificación tienen.

País Vasco es la región que más gasto destina por habitante y año a estos servicios (773 euros), seguida de Navarra (488) y Castilla-La Mancha (467), mientras que Baleares (con 120 euros) ocupa el último lugar y en una posición cercana la Comunidad Valenciana (129 euros) y Canarias (155).

Según el informe, las comunidades que alcanzan un mayor desarrollo de sus servicios sociales no son aquellas que registran un déficit superior en sus cuentas, ya que País Vasco y Navarra, que son junto con Castilla y León y La Rioja las que mejor puntuación obtienen, son de las menos endeudadas de todo el Estado.

El estudio realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales mide el desarrollo de los servicios sociales en las diecisiete comunidades autónomas, según la relevancia económica, la cobertura a la ciudadanía y los derechos y la decisión política.

De acuerdo al análisis, "Canarias evidencia la falta de un marco normativo que garantice derechos ciudadanos en materia de servicios sociales", pues mantiene una ley ya superada por el desarrollo del sector en toda España, particularmente tras la aprobación de la Ley de la Dependencia, y a falta de un catálogo que concrete estos derechos.

Asimismo, este colectivo considera que el archipiélago carece de instrumentos de planificación y ordenación del sector, y no ha sido capaz de integrar eficazmente, como ha hecho el resto de comunidades, la protección a la dependencia en el sistema de servicios sociales.

En relevancia económica, la situación de Canarias es "claramente deficiente", con sus tres indicadores muy por debajo de la media estatal, pues su gasto por habitante en materia de servicios sociales es de 155 euros, poco más de la mitad de la media estatal que es de 280 euros.

Asimismo, el porcentaje del PIB que dedica a servicios sociales es el 0,8 % frente al 1,25 % de media estatal, y el porcentaje sobre el total de gasto de la Comunidad es de 4,15 % frente al 6,93 % de media estatal.

El informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales recomienda a Canarias "un cambio radical de su política en materia de servicios sociales", con la urgente elaboración de un marco legislativo nuevo acorde con el desarrollo de los derechos ciudadanos en esta materia en toda España, y un substancial incremento del esfuerzo económico destinado a servicios sociales.

A su juicio, es imprescindible un "replanteamiento profundo" de la situación, pues los canarios se encuentran "en una situación real de desventaja frente a los que habitan en otros territorios del Estado".

Estos déficit afectan sobre todo al sistema de atención a la dependencia, las rentas mínimas de inserción, la cobertura de plazas residenciales para personas mayores y personas con discapacidad, y el servicio de ayuda a domicilio, entre otros, por lo que todos esos ámbitos deben ser prioritarios.

Las carencias en servicios sociales suponen, además de "un déficit de ciudadanía para los habitantes de Canarias", una falta de oportunidades para el empleo en un momento como el actual, ya que el sector genera numerosos puestos de trabajo.