La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, ha asegurado que los primeros resultados del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral del Gobierno central son "desalentadores".
Ramos señaló que actualmente "se destruye empleo con un grado de intensidad preocupante". Por ello, este miércoles, 28 de marzo, comparecerá ante el Parlamento de Canarias donde expondrá su posición respecto a la reforma laboral.
"La reforma laboral presentada por el Gobierno de la nación difícilmente logrará el objetivo de crear empleo. Las medidas establecidas facilitan el despido y lo abaratan. Luego, no logrará si quiera mantener el empleo existente. Estamos detectando un elevado número de despidos objetivos, son los despidos que la reforma laboral facilita y abarata", resaltó en nota de prensa.
Para Ramos la oposición del Gobierno de Canarias "se fundamenta en que no sólo no crea las condiciones para crear empleo sino que ni siquiera mantiene el que hay", además añadió que "desarticula el sistema de negociación colectiva al dar prevalencia a los convenios de empresa", ya que el convenio colectivo "o es sectorial o no es convenio colectivo".
Asimismo, indicó que con esta norma se crea una nueva modalidad de contratación para pymes y autónomos que implica un periodo de prueba de un año, lo que "terminará convirtiéndose en más contratación temporal, de un año, facilitando la extinción sin causa y sin indemnización" y desaparece la autorización administrativa de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), "proporcionando a las empresas la posibilidad de efectuar despidos colectivos directos y de forma express".
También criticó que la reforma laboral "impida proceder a suspensiones de contratos de trabajo de forma temporal y reducciones de jornada para salvar" el empleo público y es que en situaciones de crisis en las administraciones públicas, y a partir de la reforma, "sólo caben los despidos para solucionar problemas de plantillas. Esto traerá consigo una elevada" destrucción de empleo público en 2012 por los recortes financieros que "impiden mantener los recursos humanos", entre otras cuestiones.