El nivel de desarrollo de los servicios sociales en Canarias es "irrelevante". Dentro de un contexto general, el de España, que no invita precisamente al optimismo -con un desarrollo "débil" de estas prestaciones y, además, con tendencia negativa-, las Islas presentan la situación más desoladora tras la Comunidad Valenciana, según un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Este colectivo ha evaluado tres aspectos de las políticas sociales de las regiones españolas: la cobertura de los servicios, su financiación -"relevancia económica"- y el índice de derechos y decisión política. Los resultados de Canarias hablan por sí solos: en derechos y decisión política, cero sobre dos; en relevancia económica, 0,2 sobre tres; y en cobertura, 1,6 sobre cinco. Resumen: 1,8 puntos en total sobre diez.

No hay una sola comunidad autónoma que, bajo la lupa del examen de la asociación, alcance un nivel excelente, pero tampoco alto ni medio-alto. Las regiones con mayor desarrollo son cuatro (Castilla y León, País Vasco, La Rioja y Navarra) y se quedan en la calificación de "medio". Cinco son catalogadas como de nivel "medio-bajo", cuatro más exhiben un "débil" desarrollo de sus medidas de protección social y cuatro más, entre ellas Canarias, un nivel "irrelevante".

Lo poco positivo

No es fácil encontrar conclusiones positivas para el Archipiélago en el informe. Entre ellas, una mejor dotación de trabajadores de los servicios sociales en el ámbito local -uno por cada 3.479 habitantes, frente a 3.858 de media-, un mayor número de plazas residenciales para personas sin hogar -41,1 por cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional es de 34,5-, unos servicios de ayuda a domicilio más intensivos -24 horas de media mensual frente a 16,9- y una mejor ratio de plazas para mujeres víctimas de violencia de género -una para cada nueve solicitudes, mientras que el promedio español es de una plaza para 9,8-.

Por el contrario, Canarias muestra "importantes déficits de cobertura" en el resto de indicadores analizados y es, en algunos de ellos, la comunidad con peores resultados. Es el caso de la protección a la dependencia -que alcanza el 0,52% de la población, una proporción tres veces inferior a la media nacional-, de la proporción de afectados por el llamado "limbo de la dependencia" -personas con derecho reconocido a la prestación o servicio pero para quienes no se ha prescrito- y la cobertura de plazas para personas mayores.

Entre estos registros negativos figuran, asimismo, el número de beneficiarios de la renta mínima de inserción -muy por debajo de la media nacional, pese a que su importe económico es superior, reconoce el estudio-, la baja cobertura del servicio de ayuda a domicilio -que solo percibe un 3,5% de las personas de más de 65 años, frente al 4,3% de la media española-, el menor porcentaje de acogimientos familiares de menores -56,7% frente a 63,5%- y la escasa cobertura de plazas para discapacitados.

Además, el informe constata la "falta de un marco normativo que garantice derechos ciudadanos en materia de servicios sociales", al tiempo que lamenta que se mantenga "una ley ya superada por el desarrollo del sector en todo el Estado". Canarias "carece de instrumentos de planificación y ordenación del sector, y no ha sido capaz de integrar eficazmente, como ha hecho el resto de comunidades, la protección a la Dependencia en el sistema".

En cuanto a la relevancia económica, la situación es "claramente deficiente", con un gasto por habitante -155,7 euros frente a 280-, un porcentaje del PIB invertido en servicios sociales -0,8% frente a 1,2%- y un peso de esta financiación en el gasto total de la Comunidad -4,1% frente a 6,9%- "muy por debajo de la media nacional".

"En el caso de Canarias la única recomendación posible es un cambio radical de su política en materia de servicios sociales, comenzando por la urgente elaboración de un marco legislativo de nuevo cuño, acorde con el desarrollo de los derechos ciudadanos en esta materia a nivel de todo el Estado, y un substancial incremento del esfuerzo económico", apunta el documento.