La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acogió ayer la primera sesión del juicio contra J.S.O.G., exconcejal de Urbanismo del municipio sureño de San Miguel de Abona, y J.E.S.Q. por, presuntamente, ser miembros de una red que convencía a ciudadanas venezolanas para que viajaran a Tenerife, donde las obligaban a prostituirse.

Estos hechos son constitutivos de un delito de trata de seres humanos, por el que la Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales, solicita una pena de 10 años de prisión para cada uno de los acusados.

Según explica el escrito judicial, el grupo captaba a las mujeres en Venezuela y les ofrecía trabajo de camareras en España, para "posteriormente facilitarles los documentos y el pasaje necesario para entrar en el país". Una vez llegaban a Tenerife, los procesados se encargaban de recogerlas en el aeropuerto y trasladarlas hasta apartamentos, donde se les retenía el pasaporte y las obligaban a prostituirse para saldar la deuda que habían contraído con ellos por los gastos del viaje.

"Para evitar que las mujeres abandonaran los apartamentos, uno de los procesados hacía funciones de vigilancia y las amenazaba", explica el escrito.

Durante la vista oral de ayer, el acusado J.S.O.G., que en el momento de los hechos ostentaba el cargo de concejal de Urbanismo de San Miguel de Abona, negó que hubiese cometido un delito de trata de seres humanos.

J.S.O.G. aseguró que conocía a algunas de esas mujeres porque era consumidor de sus servicios sexuales en los locales donde trabajaban, y matizó que nunca recibió dinero de alguna de ellas y que siempre pagaba los servicios prestados.

El acusado explicó que llegó a facilitar el viaje a España de la madre de una de las jóvenes, con la que mantenía una relación sentimental, y a la que él había alejado de la prostitución y le sufragaba los gastos para que esta viviera en la Isla. Esta mujer, según relató el imputado, lo dejó por otro hombre y se cortó la relación.

Una situación similar a esta se dio con otra joven, con la que "quería mantener una relación seria de amantes, y por eso pagué el dinero que debía para liberarla" y la mantenía en la Isla. Fue a esta mujer a la que pagó un billete para viajar a la Isla desde Venezuela en una ocasión que volvió a su país por la enfermedad de un familiar.

J.S.O.G. aseguró que cuando las conoció las mujeres ya ejercían la prostitución y reiteró que lo único que hizo fue ser consumidor de este tipo de servicios. "Me gustan las mujeres, he pagado por acostarme con ellas, pero no me he aprovechado de ninguna. Ellas, tal vez, sí de mí, porque yo las ayudaba", señaló.

Por su parte, el otro acusado, J.E.S.Q., también negó que fuera miembro de la red, y afirmó que él también acudía a ese tipo de locales y por eso conocía a las chicas. Explicó que cuando lo detuvieron en el aeropuerto, estaba con el otro imputado porque iban a recoger a la joven venezolana con la que J.S.O.G. mantenía una relación sentimental.

En el juicio, que continuará hoy, también declararon diversos agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación, entre ellos los encargados de realizar escuchas telefónicas a los acusados. El funcionario aseguró que los imputados hablaban de las mujeres como si se tratara de un "mercadeo", diciendo que las "probarían ellos primero" y refiriéndose al físico de las víctimas de forma despectiva. Uno de los agentes aseguró que el acusado J.E.S.Q. llegó a decir en una conversación con otra persona que las mujeres le daban dinero y que este lo iba a reinvertir en traer más jóvenes.

El funcionario público señaló que a los acusados no se les encontraron los pasaportes de la mujeres y que los propietarios de los locales donde se obliga a las mujeres a prostituirse no fueron investigados porque "no vimos indicios de que formaran parte de la trama".