El último informe del Defensor del Pueblo critica la tendencia de romper por vía legislativa el orden de las decisiones administrativas y judiciales que se adoptan en el ámbito ambiental y de debilitar el sistema de responsabilidad por daños al entorno.

Un año más, los ciudadanos denuncian a través de sus quejas esta realidad, subraya el informe anual de 2.108 páginas que entregó ayer la defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, a los presidentes del Congreso y el Senado.

En el capítulo de medio ambiente, la institución subraya los avances en la lucha contra el ruido y los aeropuertos y, "de modo general", la situación no es igual a diez años atrás, cuando la administración sostenía que "no eran los aeropuertos los causantes del ruido sino las aeronaves".

Esto ya no es así, y la ley establece hoy que los aeropuertos sí son infraestructuras ruidosas, peligrosas y molestas, sobre las cuales pesan deberes y obligaciones.

En el caso de las carreteras los problemas son persistentes y de índole parecida a los anteriores.

La Institución ha buscado en varios casos de carreteras excesivamente ruidosas próximas a viviendas, obtener confirmación de que los expedientes de contratación de obras contienen declaración motivada de urgencia hecha por el órgano de contratación, para acometer medidas de insonorización.

La Administración no puede, según la Defensora, "seguir una y otra vez sin cambios en tal actitud con el transcurso de los años y con el desarrollo de una legislación cada vez más perfeccionada, buscando límites al cumplimiento de sus obligaciones". Por tanto, las perspectivas son "desalentadoras" para los afectados y a los problemas de años atrás se suma ahora la situación presupuestaria.

La administración de carreteras adopta "una actitud poco colaboradora", cuando los informes recibidos son prácticamente idénticos a otros anteriores. La sugerencia de realizar un estudio de ruido ni siquiera ha sido respondida.

Disminuyen las quejas

Las quejas presentadas al Defensor del Pueblo en 2011 bajaron, respecto al año anterior, en once comunidades autónomas, especialmente en Asturias y Canarias, donde se registraron descensos por encima del 60 por ciento. Las reclamaciones en España ascendieron a 23.433 en 2011, un 30,81 por ciento menos en relación a 2010, en el que se contabilizaron 33.870 quejas.