Las condiciones que fija el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores de los Ayuntamientos para que las empresas puedan cobrar las deudas pendientes "resultan inaceptables, al abrir la puerta a la aplicación de descuentos sobre las cantidades pendientes y eludir el pago de los citados intereses de demora", denunció ayer la Cámara de Comercio de la provincia tinerfeña, que lamentó que de nuevo sean "las pequeñas y medianas empresas (pymes) quienes sufran una insoportable e injustificada carga financiera, que además afecta a sus derechos legales".
En un comunicado difundido con motivo de la apertura, ayer, del plazo oficial para que los proveedores puedan confirmar su adhesión al plan de pagos del Gobierno para cobrar en mayo, la responsable de Servicios Jurídicos de la Cámara, Noemí Brito, advirtió de que al mecanismo se basa en las quitas que, como mínimo, serán de los intereses de demora y los gastos judiciales. Por lo que la resultante "no es una cantidad a desdeñar, dado que la aplicación de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en el ámbito de la contratación pública nos lleva a intereses de demora superiores al 8% en los últimos años, así como a la indemnización legal de intereses de cobro por valor máximo del 15% de la deuda".
Hechas estas consideraciones, la institución cameral tinerfeña demanda garantías de que las pymes, "que han sido las principales víctimas de la morosidad de las administraciones, ya que carecen de la capacidad de resistencia financiera de las grandes empresas", cobrarán tanto las cantidades pendientes con los intereses legales correspondientes como de que no se realizarán quitas del dinero que se les adeuda,
El Real Decreto-ley 4/2012 establece el mecanismo de financiación para el pago de proveedores de entidades locales. Tras obtener el certificado de su deuda con los ayuntamientos, los proveedores podrán acudir a las entidades de crédito para cobrarlo. Asimismo, el Real Decreto-ley 7/2012 crea el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores y destina 15.000 millones de euros para el año 2012, aunque la deuda total se estima en unos 35.000 millones. La entidad que va a gestionar el pago es el Instituto de Crédito Oficial (ICO ) a través de las instituciones financieras.
A juicio de la Cámara, esta medida, aún siendo "acertada y necesaria", llega tarde para miles de empresas y autónomos. La morosidad de las administraciones públicas, sostiene, está detrás de la desaparición de la mitad de las más 450 mil empresas que han cesado en España su actividad desde 2008. "En Canarias -prosigue la nota-, desde que estalló la crisis ha desaparecido el 14% de su tejido empresarial, una gran mayoría víctima de las demora en el pago de los entes públicos".
El problema para la Cámara de Comercio Santa Cruz de Tenerife es que el real decreto-ley introduce dos puntos "inasumibles" para las pymes. "En primer lugar, el principal criterio para priorizar el pago se establece en función de la oferta de descuento sobre la obligación pendiente de pago. Aunque este punto no ha aparecido en el modelo de certificado individual, no se ha modificado el real-decreto 4/2012, por lo que habrá que estar vigilantes para que en el futuro no se aplique esta condición. Las pymes no pueden admitir la posición de fuerza del Gobierno sobre unas empresas en un estado tan precario que admitan renunciar a parte de su deuda para cobrar o que entren en una espiral de descuentos a la baja", señala la nota.
De acuerdo con la nueva normativa, además, el abono al proveedor conlleva la extinción de la deuda contraída por la entidad local con el contratista, incluyendo los intereses. Al respecto, la Cámara considera "inadmisible" que "las pymes financien la deuda de las instituciones locales y que, para cobrar estas deudas, deban renunciar a los intereses correspondientes según la ley en vigor".
Adhesiones
En otro contexto, la institución cameral tinerfeña informó ayer de que ha organizado para el próximo 13 de abril una jornada informativa, de carácter gratuito, bajo el título "Financiación para el pago a proveedores de las entidades locales". En el marco de la misma, expertos del despacho de abogados Garrigues explicarán cuáles son los mecanismos que empresas y autónomos deben ejecutar para lograr el abono de sus deudas.
Los proveedores pueden confirmar desde ayer su adhesión al Plan de Pago abierto por el Gobierno para cobrar sus facturas pendientes. Los trámites se pueden realizar a través de internet, conectándose a la base de datos de la Agencia Tributaria, o acudiendo a los ayuntamientos que les adeudan para hacer esa misma gestión en formato papel.
La información que necesitan aportar por proveedor en cualquiera de las dos vías es el número de cuenta corriente (se facilitará el CCC o el IBAN y, en caso de cuentas internacionales, el BIC) y el importe del principal con descuento de la quita, en caso de existir. Los proveedores tienen hasta el 22 de abril, por vía telemática, y hasta el 20 en papel, para comunicar su voluntad de acudir al procedimiento.