La Fiscalía pide dos años de cárcel por homicidio imprudente para el jefe de servicio de Ejecución de Medidas Judiciales del Gobierno canario en 2007 y el delegado de la empresa encargada de la seguridad del centro de La Montañeta (Gran Canaria) por la muerte de un menor en un incendio.

La fiscal Beatriz Sánchez solicita estas penas en su escrito de acusación en el que pide al Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria la apertura del juicio contra los dos acusados, Juan C.E. y José Tomás G.S., y contra la aseguradora Mapfre Guanarteme, empresa con la que el Gobierno canario tenía contratada una póliza de responsabilidad civil.

Este procedimiento penal se abrió tras la muerte de Jordi B.A., de 18 años, que falleció por intoxicación de humo el 24 de abril de 2007 en el centro de La Montañeta después de prender fuego en su habitación sin que saltaran las alarmas de incendio ni se detectara el humo por el aparato instalado para tal fin.

Según la fiscal, ambos acusados conocían esas deficiencias en el sistema contra incendios, que habían sido denunciadas por el director y subdirector del centro de manera reiterada.

Además, el joven no pudo ser rescatado por los vigilantes y el personal del centro hasta unos ocho minutos después de iniciarse el fuego debido a que no fueron capaces de abrir la puerta de su habitación por los defectos que presentaba en el rodamiento, algo que también había sido denunciado por los responsables del centro, a lo que se unió la dilatación que produjo el calor.

El menor fue hallado en parada cardiorrespiratoria cuando se logró acceder a su habitación tras golpear la puerta con un extintor y emplear una pata de cabra que fue traída de otro módulo del centro, y falleció horas después en el Hospital Insular de Gran Canaria.

La fiscal solicita que se inhabilite al jefe de Ejecución de Medidas Judiciales, Juan C.E., para el ejercicio de cargos en la función pública durante cuatro años y que el otro acusado, José Tomás G.S., tampoco pueda ejercer durante cuatro años cargos de responsabilidad en empresas de seguridad.

Asimismo, reclama que ambos acusados indemnicen de manera conjunta a los herederos del fallecido, Jordi B.A., con 60.000 euros, si bien de la cantidad que corresponde pagar al jefe de servicios, la fiscal considera que la debe abonar la empresa aseguradora y subsidiariamente la Dirección General de Protección del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias.

En cuanto de la cantidad que exige para el responsable de la empresa de seguridad señala que debe responder de forma subsidiara la entidad Securitas Seguridad España SA.