El expediente de regulación de empleo (ERE) presentado anteayer por la empresa pública Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) contempla la subida de tarifas así como la modificación de las ayudas sociales, que afectan, esencialmente, a los mayores y a las personas con discapacidad física. Así lo confirmó ayer el vicepresidente segundo del Cabildo y consejero insular de Economía, Competitividad y Turismo, Carlos Alonso, quien no avanzó en cuánto se incrementará el precio del billete, si bien matizó que cada año se sube el porcentaje al que obliga el convenio de financiación con el Estado.

En cuanto a los cambios que experimentarán las ayudas sociales o bonificaciones que tiene establecidas el Cabildo para segmentos de usuarios como los mayores y discapacitados, Alonso recordó que es un capítulo que tiene "un peso importante" en el presupuesto de la Corporación insular, y que, consecuentemente, "hay que ajustarlo" teniendo en cuenta la situación a la que obliga el Presupuesto General del Estado (PGE) y los recortes que impone el Gobierno central.

El vicepresidente segundo del Cabildo manifestó la pretensión del gobierno insular de que Titsa siga siendo pública en las condiciones actuales y que se mantenga como el único operador en el transporte público en guagua de la Isla. Respecto a Metropolitano de Tenerife (MTSA), el equipo de gobierno quiere sostenerlo en las condiciones actuales. "No queremos ni privatizarlo ni cambiarlo", explicó aludiendo a ambos casos.

Sin despidos

Respecto al ERE, Carlos Alonso aseguró que "está orientado a no realizar despidos, sino a reducir el coste laboral" aplicando medidas como la suspensión temporal del contrato con cada trabajador de la plantilla por 15 días al año, periodo que los empleados percibirían a través del subsidio de desempleo, así como la eliminación de una de las cuatro pagas extraordinarias con que cuentan los 1.600 trabajadores de Titsa.

El consejero justificó las medidas argumentando la necesidad de "limitar el coste del servicio" teniendo en cuenta que se han registrado 10 millones de usuarios menos del transporte público en guagua durante los últimos cinco años. Por tanto, defendió que "son sacrificios que pedimos a la plantilla y asumibles en las circunstancias actuales y que supondría que no necesitamos despedir a ningún trabajador", añadió.

Alonso expuso su convicción de que será posible alcanzar un acuerdo con la representación sindical de los trabajadores (señaló directamente a Intersindical Canaria -mayoritario en el comité de empresa- como el más proclive a ello) y se refirió a la necesidad de articular un nuevo marco de colaboración con los ayuntamientos de Santa Cruz, La Laguna y Arona (únicos con competencias en materia de transporte) para crear la figura de la Autoridad Única en materia de transportes en la Isla.

"Se trata de mantener el servicio público con una financiación pública del mismo" y que, en el caso del Cabildo, aseguró que supone entre 30 y 35 millones de euros de aportación. Las corporaciones municipales implicadas deberán mantener su participación en las condiciones actuales para hacer posible esta idea.

Carlos Alonso hizo hincapié en que será posible no realizar despido alguno en la plantilla siempre que se alcance un acuerdo que permita aplicar un ERE parcial y adoptar esas otras medidas complementarias que conllevarían un coste político "también asumible". Todo ello como consecuencia de la coyuntura económica actual.

Por otra parte, y en virtud de la aprobación del plan de reestructuras de las empresas del Cabildo durante la última sesión plenaria celebrada y por unanimidad, el consejero insular de Economía, Competitividad y Turismo fue claro al exponer que "no es previsible" la aplicación de un expediente de regulación de empleo.