La espada de Damocles en la que se han convertido los planes de ajuste de los ayuntamientos para la prestación gratuita (o barata) de los servicios públicos volvió ayer a hacerse patente durante la celebración del pleno ordinario del Ayuntamiento de La Laguna. Desde el servicio que se presta en las ludotecas municipales (cuyas trabajadoras llevan siete meses sin cobrar) hasta la conservación y mejora de los cementerios municipales, pasando por una moción en la que se llegó a rechazar su imposición por parte del Gobierno central, el plan de ajuste de La Laguna, aprobado por el Pleno el pasado día 30 de marzo, dio para mucho.

Empezando por el final, la comparecencia del concejal de Servicios Municipales, Javier Abreu (PSC), solicitada por la oposición para que el edil expusiera la posibilidad de privatizar la gestión de los cinco cementerios municipales (San Juan, San Luis, Punta del Hidalgo, Valle de Guerra y Tejina), sirvió para que Abreu expusiera las posibles bondades de la iniciativa privada para costear un servicio que, hoy por hoy, es deficitario.

El portavoz socialista explicó que el servicio de mantenimiento de los cementerios les cuesta a las arcas públicas, solo en personal, alrededor de 400.000 euros, pero que los ingresos por este servicio alcanzan escasamente los 200.000 euros.

La posible concesión administrativa de los camposantos a empresas privadas, aún en estudio, podría llevar aparejada mayores facilidades para la financiación del nuevo cementerio de Tejina, proyecto valorado en 2,5 millones de euros y que es ya una necesidad perentoria, o para las futuras ampliaciones de los de Punta del Hidalgo y de Valle de Guerra.

Con anterioridad a las explicaciones de Abreu, la actual situación de las cuatro ludotecas municipales y la precariedad laboral de sus trabajadoras ya había generado dudas sobre si sería necesaria la actualización de sus tasas, promovida por el sempiterno plan de ajuste.

Ante la posibilidad del cierre de un servicio del que hacen uso cerca de 800 niños de todo el municipio, el portavoz de Sí se Puede, Juan Miguel Mena, promovió una moción en la que solicitaba defender su mantenimiento. A esta propuesta respondió el concejal de Participación Ciudadana, Yeray Rodríguez (PSC), con una enmienda de sustitución en la que solicitó cambiar el verbo "defender" por el de "estudiar" para apoyar la moción. Mena salvó sus dudas iniciales y aceptó esta modificación para que la propuesta saliera adelante, después de que el concejal responsable explicara que el nuevo contrato del servicio estaba aún en tramitación administrativa debido a un "retraso asombroso".

Como no hay dos sin tres, el plan de ajuste volvió a estar en boca de todos los grupos, esta vez debido a una moción del PP en la que instaba al consistorio a respaldar las medidas adoptadas por el Gobierno central y contenidas en el Real Decreto 4/2012.

Ante el evidente "autobombo" de la propuesta, el equipo de gobierno defendió una moción de sustitución en la que también solicitaba al Estado mayores explicaciones sobre eventuales retenciones de fondos con destino a los ayuntamientos. Pese a que parecía que iba a ser aprobada con los votos en contra de Por Tenerife y Sí se Puede, el portavoz del PSC, Javier Abreu, pidió un receso para debatir con Santiago Pérez una redacción alternativa de la moción.

Tras el receso, Pérez leyó el acuerdo final por el que el consistorio respaldaba el establecimiento de un mecanismo ágil de pago a los proveedores pero rechazaba la imposición de un plan de ajuste. El portavoz del PP, Pedro Suárez, no dio crédito al cambio de 180 grados de la moción y finalmente votó en contra.