El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el servicio de la basura de Arona, que está tramitando la UTE Arona, conllevará la movilización de los trabajadores para intentar frenar los despidos que ya hay previstos.

Una de las medidas que desarrollarán los empleados de este servicio será la convocatoria de una huelga, acción de protesta a la que se le dará luz verde en la asamblea de trabajadores prevista para el próximo miércoles en el centro cívico de Cabo Blanco, reunión que comenzará a las 10:00 horas.

En dicho encuentro asambleario "saldrán las características de cómo se llevarán a cabo las movilizaciones que se planteen, es decir, si las protestas se hacen de forma indefinida o se divide en varios días", manifiestan a este periódico trabajadores del citado servicio.

"Los actos de protesta que se organicen son para defender el conjunto de los puestos de trabajo porque no hay razones de ningún tipo para que la adjudicataria del servicio persiga echar a una treintena de empleados por medio del ERE que ya ha presentado en las administraciones públicas", comentan indignados.

De este modo, expresan que "haremos todo lo que esté en nuestras manos para que la concesionaria no cumpla con su propósito, más cuando no es que sobre personal, sino todo lo contrario. Hacen falta más operarios para mantener el municipio limpio".

"La adjudicataria está jugando sucio y ha intentado justificar que tiene más personal del que debiera dejando sentado en la nave a trabajadores del turno de noche, circunstancia incompresible y que el gobierno local aronero ha permitido", señalan los trabajadores.

Reunión con Sosa

"Es más, los nacionalistas aroneros han demostrado en todo este tiempo que no están con nosotros y así se lo trasladaremos al concejal de Medio Ambiente, Antonio Sosa, en la reunión que tenemos prevista mantener con él la próxima semana", manifiestan.

"Nos sentimos engañados por el grupo de gobierno, concretamente por el edil de Medio Ambiente y por el propio alcalde, José Alberto González Reverón, quienes nos aseguraron en su momento que el cambio de concesionaria no representarían despidos", comentan.

"Se nota que los políticos del gobierno tienen su sueldo garantizado, pero se permiten jugar con los empleos y el futuro de las 30 personas que serán despedidas", detallan los trabajadores denunciantes.

Mientras el gobierno local se limita a confirmar la reunión del próximo martes con el Comité de Empresa de la UTE Arona; no fue posible conocer la reacción de la concesionaria sobre las quejas y denuncias realizadas por los trabajadores, a pesar de que este periódico logró contactar con fuentes de la citada adjudicataria.