Santa Cruz de Tenerife
CARTA A PEPE IGNACIO ANDRÉS MIRANDA

Nueva transición política y social, ya

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15/abr/12 2:39 AM
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TRAS la Semana de Pasión llega la calma. De lo contrario, España se deslizará por la pendiente de todos contra todos una vez más. El Gobierno de Rajoy, después de algunas dudas, parece dispuesto a acelerar las reformas que le exigen desde Bruselas para evitar el rescate y mantener a España dentro del euro. Así se podría evitar el desastre que todos los indicadores internacionales anuncian. Pero, al mismo tiempo, tiene que trabajar sobre un plan B, que sería la salida del euro y tal vez el descuelgue de la UE. Por eso hay algunos que hablan ya de una nueva transición política. Tanto en el partido del Gobierno como en el del PSOE.

Has visto, Pepe Ignacio, cómo varios presidentes autonómicos del PP, como Esperanza Aguirre, que lo advirtió hace tiempo y esta semana se lo repitió a Rajoy, entienden que el problema de España es una estructura autonómica del Estado que ha derivado hacia donde ya el jurista Eduardo García de Enterría y su equipo preveían en un informe mientras se debatía la Constitución de 1978. Algo tan simple como que la Administración que gastara fuera la responsable de recaudar para los servicios que prestara. En ese informe estaban José María Aznar y Francisco Fernández Marugán, por el PP y el PSOE, respectivamente.

No solo no les hizo caso el Gobierno, que a la sazón era más de Abril Martorell que de Adolfo Suárez, pues ya se habían producido los primeros encontronazos entre presidente y vicepresidente económico, que el otro vicepresidente, el democristiano Alfonso Osorio, recuerdo que trataba de moderar. Por el contrario, acuciados por la violencia terrorista de ETA y el chantaje nacionalista de vascos, catalanes y navarros, a los que después se sumarían los andaluces, aceptaron un Título VIII de la Constitución que dejaba varias espadas de Damocles colgando del cuello del propio texto constitucional, al consagrar el victimismo sin fin: los llamados "derechos históricos".

Después de la debilidad de algunos gobiernos socialistas de Felipe González, que habían necesitado del voto nacionalista para subsistir, tras su mayoría absoluta del 82, la deriva definitiva comenzó con el propio Aznar, que, también con mayoría absoluta, entregó las competencias de Sanidad y Educación a las autonomías. Pero quedándose con la obligación para el Estado de suministrar los fondos para asegurar lo que luego se convirtió en el "gratis total" para todos y de reclamar competencias..., ahora pasamos a querer devolverlas, como si el Estado fuese un gran almacén abierto el día después de los Reyes Magos.

Con un debate autonómico servido, los números no cuadran... al haberse gastado el Estado el año pasado 90.000 millones de euros más de lo que recaudó. Parece razonable que ha llegado el momento de obtener un compromiso para embridar el dispendio desmesurado de falsos nuevos ricos y probar primero a frenar la plétora clientelista. Donde antes había un Ministerio de Sanidad, ahora hay diecisiete Consejerías. Antes había una sola central de compras y ahora diecisiete, y también hay diecisiete organismos de expedición de tarjetas sanitarias. Y así podríamos extrapolarlo a Educación, Industria, Turismo, Obras Públicas (hoy Fomento), etc.

Y los nacionalistas, Pepe Ignacio, cuando se intenta defender con sentido común la racionalización del disparado gasto, esgrimen la cantinela, desde la distorsión con que ven el panorama desde su andén, de que es un ataque al autogobierno, cuando en el fondo lo que defienden no es ni más ni menos que los privilegios de una casta autonómica que vive a costa de los impuestos que pagamos el resto de ciudadanos.

España se convertiría así durante los años de la burbuja inmobiliaria no solo en un lugar de turismo de sol y playa, sino también de turismo sanitario para los jubilados europeos. La consecuencia fue el "crack" sanitario que vino después con la agregación a la gratuidad en la Sanidad, Educación y demás servicios sociales de más de siete millones de inmigrantes.

Todo eso son los polvos que engendraron los lodos en los que ahora nos debatimos, con una deuda de la que no podemos pagar ni siquiera sus intereses, engendrada no solo por el Gobierno Zapatero, sino por todas las autonomías, fueran del color que fueran. Y, sobre todo, con unas tensiones secesionistas, a causa de las reformas estatutarias introducidas por ZP, que van más allá de la gestión económica, con deudas como los más de 4.500 millones que tiene Andalucía, o el 30 por ciento de su PIB de Cataluña. Y lo peor es que esas dos grandes comunidades, junto con vascos y algún ayuntamiento, empiezan a desobedecer a sentencias del Tribunal Supremo, e incluso anteayer varios empresarios catalanes -de esos que le dijeron a Rajoy esta semana que esperaban que las reformas del Gobierno no fueran un "ajuste de cuentas para Cataluña"- han comenzado a ingresar sus pagos de IVA en la Hacienda catalana.

Por doquier se generalizan las presiones y Rajoy tendrá que entrar por el aro y atender a lo que le dicen algunos de sus presidentes autonómicos, como los de Madrid, Murcia, Valencia, Extremadura, las dos Castillas y otros notables del partido, en el sentido de que hay que hacer las reformas económicas que nos permitan mantenernos en Europa y en el euro, pero sin dejar de lado la reforma política.

Cierto que para una reforma constitucional se necesita el concurso del PSOE, pero hay mucho margen en la Constitución todavía aplicable. Desde la devolución al Estado de competencias ya transferidas hasta la aplicación del artículo 155, es decir, la intervención de la autonomía que desobedezca. Nunca se ha hecho, pero si se hubiera aplicado no aparecería ahora como una ruptura con el consenso constitucional de 1978, que no fue más que una claudicación ante la izquierda y a los nacionalismos, para impedir una nueva confrontación civil. Algo por lo que parecen suspirar la llamada ahora izquierda plural -comunistas y nacionalistas ultramontanos- y los terroristas que se han colado en las instituciones desde las que pretenden, unas veces desobedeciendo a los Tribunales Supremo o Constitucional, otras abusando de las competencias transferidas, gastar por encima de lo que ingresan.

Hasta aquí hemos llegado. O Rajoy aplica rápidamente la cirugía de urgencia que es precisa, o volveremos al "guerracivilismo" que han estado arropando ZP y sus acólitos, al que ahora parecen apuntarse de nuevo socialistas y comunistas, mientras la ETA presiona para hacerse con el poder en el país vasco. La tensión de la periferia amenaza más que nunca y por diversos frentes a la unidad nacional. Esa barquilla dejada hace tiempo a merced del embate de todo tipo de huracanes de ambiciones.

O don Mariano se impone con autoridad, o no solo no nos rescatarán, sino que nos expulsarán de la UE y del euro. Hay que elegir antes de que eso suceda. Si este Gobierno no utiliza su mayoría, incluso como rodillo, como hicieron otros gobiernos democráticos en los años ochenta, será arrumbado por la marea de la decepción que se está produciendo entre sus propios votantes, con medidas como esa de la subida de impuestos, el uso del dinero público para favorecer a la banca, el vaciamiento definitivo de los fondos de garantía, como el de la Caja de reserva de la Seguridad Social, que Zapatero invirtió en deuda española que no vale nada, o el Fondo de Garantía de Depósitos, utilizado ahora para no se sabe bien qué tipo de ayuda para resolver las finanzas de esos bancos, que siguen fijando compensaciones de escándalo a sus directivos, mientras a los clientes nos obligan a realizar todos los pagos no superiores a 2.500 euros, y se establece una amnistía para los que han evadido el capital al extranjero y cuando se incumplen las normas de la UE que hemos incorporado sobre la libertad de movimiento de capitales en la Unión, e introducimos restricciones para toda transferencia a cuentas legales abiertas.

En el Parlamento la letra va por un lado y la música por otro. Mientras Rubalcaba, de quien no te puedes fiar, dice que el PSOE sigue "en pie con su oferta para un gran pacto sobre el consenso político y social ", por otro lado alienta una nueva huelga general el 19 de mayo contra la reforma laboral para paralizar el país, no apoya la Ley de Estabilidad y sigue retrasando las renovaciones en RTVE, en el Tribunal Constitucional, en el Defensor del Pueblo y en el Tribunal de Cuentas. Un partido que con su tendencia a gastar sin control hizo un gasto en el año pasado de 90.000 millones más de euros que los que recaudó. ¿Con qué moral siguen torpedeando las reformas que en tres meses ha propuesto el PP?

CARTA A PEPE IGNACIO ANDRÉS MIRANDA