Las empresas de capitales españoles en Argentina han optado por un silencio "prudente" ante el anuncio del Gobierno de Cristina Fernández de expropiar el 51% de las acciones de la petrolera YPF a la española Repsol, una decisión que sorprendió y causó revuelo entre los hombres de negocios.

Fuentes empresariales y diplomáticas consultadas hoy coinciden en afirmar que no habrá un pronunciamiento público conjunto de las compañías de capital español y de otras grandes subsidiarias de otro origen europeo.

Tampoco se ha pronunciado públicamente la Cámara Española de Comercio de la República Argentina, que reúne a unos 850 socios.

"Las empresas se quejan, pero al mismo tiempo quieren cuidar sus negocios. Evidentemente hay contactos y preocupación. El ámbito empresarial se enardeció porque éste no es el mejor final para la gente que quiere hacer negocios en Argentina", dijo una fuente diplomática.

El anuncio de este lunes del Gobierno argentino de intervenir YPF y enviar al Parlamento un proyecto para expropiar las acciones de Repsol en la mayor productora de hidrocarburos del país "sorprendió" a los directivos de las empresas de capitales españoles.

"Si bien se venía hablando de este tema desde hace semanas, en los últimos días creíamos que iba a haber una salida negociada. Por eso el anuncio de ayer nos sorprendió", dijo un directivo de una de las grandes empresas españolas con presencia en Argentina, bajo reservas de identidad.

"No creo que ninguna empresa pueda arriesgarse a hablar por ahora porque las compañías son prudentes. Por ahora, ni siquiera hubo reuniones entre los empresarios. Estos son días para digerir la noticia y analizar la situación", apuntó otro ejecutivo, que opinó que muchas compañías perciben que el de YPF "es un conflicto puntual que no se extenderá a otras empresas".

Para Marcelo Elizondo, de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales, "el clima de negocios y la reputación argentina han quedado totalmente afectados" con la decisión adoptada sobre YPF.

"Lo primero que va ocurrir es una gran dilatación de las decisiones de inversión futura en Argentina y una gran incertidumbre sobre las condiciones de operación para las empresas extranjeras que ya están en el país, en particular las españolas, que van a retraer decisiones de inversión", dijo Elizondo.

España es el primer inversor extranjero en Argentina, con activos que superan los 23.240 millones de dólares y jugadores de peso -como Telefónica, Gas Natural Fenosa, Endesa, BBVA, Santander, Indra y ACS, además de Repsol- en sectores clave como banca, telecomunicaciones, infraestructura y energía, entre otros.

España es, además, el quinto destino de las exportaciones argentinas, con ventas que en 2011 ascendieron a 3.000 millones de dólares.

De momento, las quejas públicas por falta de seguridad jurídica en Argentina han venido de boca de altas autoridades del Gobierno de España y de la Unión Europea.

"¿Qué mas seguridad jurídica y clima de negocios puede haber que un Gobierno comprometido con sostener el crecimiento y la demanda interna, con sostener sus extraordinarias exportaciones hacia el mundo?", se preguntó hoy al comparecer en el Senado el viceministro de Economía argentino, Axel Kicillof, considerado el ideólogo del plan para expropiar el 51% de YPF y designado subinterventor de la petrolera.

Las relaciones entre Argentina y España ya han sufrido altibajos por asuntos empresariales, en particular en 2008 por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, que estaba en manos de la española Marsans, y de los fondos de pensión, que afectó a negocios del BBVA y del Santander.

Una treintena de multinacionales, en su mayoría de capitales europeos y estadounidenses, han demandado además a Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un tribunal del Banco Mundial, por las consecuencias para las empresas de la traumática crisis económica que estalló a finales de 2001.