El conflicto con el sector de la limpieza y recogida de basura en Arona se sigue complicando a raíz de las acciones llevadas a cabo por el grupo de gobierno municipal con motivo de la huelga general del pasado 29 de marzo.

El gobierno nacionalista, "en un afán para garantizar el servicio, ha llegado al intrusismo y a asumir competencias que no le corresponden y que son exclusivas de Trabajo", comentan indignados empleados de la UTE Arona.

"La negociación entre los sindicatos y la empresa para definir los servicios mínimos ante la huelga general de finales del pasado mes se saldó sin acuerdo por las condiciones que quería la adjudicataria, por lo que la concesionaria trasladó el problema al consistorio", señalan.

"El gobierno que preside el nacionalista José Alberto González Reverón, en vez de orientar a la concesionaria que la administración competente en nombrar los servicios mínimos para dicha jornada reivindicativa era el Ejecutivo regional, a través de Trabajo, decide" que las autoridades municipales asuman "esta competencia y nombrar ellos a quienes tenían que trabajar el 29 de marzo", explican.

De este modo, expresan que la UTE Arona hizo llegar a una serie de trabajadores una carta en la que se recogía que el ayuntamiento ha dictado "la correspondiente orden de servicios mínimos".

"Además, en dicha comunicación se advertía al afectado de que si no acudía a trabajar incurriría en una falta disciplinaria muy grave", comentan los trabajadores.

Desde el Ayuntamiento de Arona se asegura que el concejal de Medio Ambiente, el nacionalista Antonio Sosa, decretó el establecimiento de servicios "esenciales" en relación a las competencias que "tiene legalmente atribuidas el consistorio en aplicación a lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto Ley 17/1977".