Uno de los testigos del supuesto caso de acoso laboral en el Centro Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha denunciado ante la Policía Nacional que había recibido amenazas de muerte.

Según consta en la citada denuncia, un individuo con acento cubano le abordó diciendo: "Sé lo que estás haciendo y como sigas por ahí vas a tener otro accidente de moto, y de esta no te escapas, ya no te vamos a avisar más".

El denunciante es uno de los delegados de prevención laboral que han informado sobre los registros indiscriminados a la supuesta víctima. Dicho sindicalista ha mantenido una actitud activa en el caso, por lo que manifestó en su denuncia que "estas amenazas pueden estar relacionadas con su actividad sindical en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y con su participación como testigo y denunciante" en la instrucción del supuesto caso de acoso laboral a una funcionaria del Centro Municipal de la Mujer.

El Juzgado de Instrucción número cuatro de Santa Cruz de Tenerife ha abierto diligencias previas por este caso y ha imputado a varios funcionarios y los entonces concejales de Recursos Humanos y de la Mujer, Ángel Llanos y Ángela Mena, respectivamente.

La funcionaria supuestamente acosada sacó una plaza en el año 2007 que hasta ese momento estaba ocupada por una interina. Sin embargo, según la denuncia, su puesto sufrió un paulatino vaciamiento de funciones cuyo punto álgido fue la imposición de una comisión de servicios, que fue anulada por una sentencia judicial en 2010.

Sin embargo, la acusación particular sostiene que la situación no ha mejorado y la propia directora de Recursos Humanos del consistorio (también imputada) afirmó ante la juez que su departamento tuvo que notificar más de una vez el fallo porque este no se cumplía. Además de anular la comisión de servicios, la sentencia también obligaba a devolver sus funciones a la supuesta acosada.

Al parecer, la presunta situación de acoso se agravó después de que la funcionaria se negara a favorecer a la empresa Innova en un concurso público.

El concurso de Innova

La magistrada juez que instruye el caso ha tenido que volver a solicitar en fechas recientes el expediente de la mesa de contratación relativo a Innova mediante una providencia. De hecho, la titular de Instrucción cuatro mencionó que tenía que reiterar esta petición, visto el tiempo que había pasado desde que la documentación se había solicitado, el 17 de febrero de este año. Dos meses hace hoy.

Asimismo, también se ha solicitado a la juez instructora que se aporten varios documentos sobre un convenio de colaboración suscrito por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Universidad de La Laguna (ULL).

Supuestamente una de las funcionarias a las que se le atribuyeron parte de las funciones de la denunciante estaría enriqueciéndose a costa de dicho convenio, ya que da clases en un máster cuyas alumnas hacen prácticas en el consistorio capitalino.

Dicha funcionaria fue solicitada para trabajar en el servicio por Ángela Mena cuando esta asumió la Concejalía de la Mujer, ya que se encontraba en comisión de servicios en la Subdelegación del Gobierno. Mena, en su declaración, justificó esta petición en que le informaron de que tenía experiencia en violencia de género y ya había realizado trabajos en este sentido en el Cabildo.

Por otro lado, la interina que ocupaba el puesto de la funcionaria supuestamente acosada también trabajaba en el mismo servicio, ya que se modificó la Relación de Puestos de Trabajo.

Según la acusación particular, las funciones inherentes al puesto de la funcionaria supuestamente acosada habrían recaído tanto en esta interina como en la otra funcionaria que fue solicitada cuando estaba en comisión de servicios en otra institución.