65 millones de euros. Esa es la cantidad que el Gobierno de Canarias plantea ahorrar con la supresión de los complementos de destino y específico de la paga extra de Navidad de los empleados públicos, una iniciativa anunciada ayer por el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo regional, Francisco Hernández Spínola, a los sindicatos CCOO, UGT, Sepca, Intersindical Canaria y Cobas. Con esta reducción, los trabajadores públicos seguirán cobrando la parte del sueldo base y de los trienios acumulados por cada trabajador.
En una reunión celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, Spínola planteó también una reducción de jornada y sueldo para los 3.500 empleados públicos no fijos -eventuales e indefinidos por sentencia-, otra medida con la que el Gobierno canario quiere cuadrar sus cuentas sin tener que hacer despidos, pero de la que no ha calculado aún su ahorro.
El consejero defendió que estas medidas son la única vía para evitar la eliminación de puestos de trabajo públicos, después del ajuste que se ve obligado hacer el Ejecutivo canario ante los anunciados recortes en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Frente a la política de Mariano Rajoy de propiciar el despido, el Gobierno de Canarias tiene otra, que es mantener el empleo público", dijo.
Spínola agregó, además, que, en esta tesitura, el Gobierno aboga por evitar los despidos, pero para ello considera "necesario" firmar un gran acuerdo para mantener el empleo público, pacto que planteó a los sindicatos presentes en la reunión. También reconoció que este es un "nuevo sacrificio" que se les pide a los trabajadores de la Comunidad autónoma, que ya han registrado recortes salariales desde 2010, aunque precisó que es necesario para superar "el gran reto" que existe en Canarias de no despedir empleados públicos.
Precisamente, los representantes de los trabajadores dejaron muestras ayer de que podría producirse ese gran acuerdo que demanda el Gobierno, pues, aunque con algunas condiciones, se mostraron en la línea de apoyar sus medidas. "He visto buena predisposición", aseguró Spínola.
Fernando Escrich, secretario general de Sepca, condicionó el apoyo de su sindicato a las medidas avanzadas por Spínola a que el Gobierno elimine "todos los gastos superfluos" que tiene la administración autonómica. Compartimos el objetivo siempre que sea "de forma seria", dijo.
Mientras, José Ramón Barroso, de CCOO, dijo que ante la "encrucijada" de reducir empleos y servicios, "podía ser negociable" este tipo de cuestiones. No obstante, advirtió de que el "esfuerzo" debe ser de todos, y no solo de los funcionarios y empleados públicos.
Por su parte, Francisco Bautista, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT -que no estuvo en la reunión-, prefirió mostrarse "cauto" ante las medidas anunciadas por el Ejecutivo, pero remarcó que "no van a permitir" que se pierdan empleos públicos, que son los que garantizan la prestación de los servicios públicos. No obstante, pidió "coherencia" al PSOE pues sus compañeros de Valencia han denunciado en el Tribunal Constitucional actuaciones similares ejecutadas en esta comunidad.
El detalle de las medidas anunciadas ayer y otras que se vayan a proponer serán debatidas en la mesa general de los empleados públicos que se celebrará mañana en Tenerife, paso previo a la aprobación en el Consejo de Gobierno del sábado.