El Gobierno de Canarias dispone de 170 millones de euros menos que el año pasado para desarrollar políticas activas de empleo tras los recortes aplicados por el Ejecutivo central, informó ayer la consejera del área, Margarita Ramos.
Las medidas afectadas atañen a la formación y la orientación e inserción laboral, indicó Ramos en una rueda de prensa ofrecida en Las Palmas junto con el director del Servicio Canario de Empleo (SCE), Manuel León.
El recorte proviene de los 100 millones de menos que recibirá el Archipiélago en el reparto autonómico (un tajo del 57% para cada comunidad) y los 70 que ya no se transferirán como compensación de la extinción del Impuesto General de Tráfico de Empresas (IGTE).
En 2011, el Estado transfirió 320 millones para políticas activas de empleo; este año Canarias dispondrá solo de unos 150.
León consideró que se ha dado un "golpe brutal" a la lucha contra el paro en las Islas. "Se trata de unos presupuestos inmerecidos", indicó el director del SCE, según una nota de la Consejería, y admitió que se ha reducido el margen de maniobra del departamento.
A formación solo podrán destinarse 76 millones de euros, mientras que el empleo subvencionado contará con 18 millones. Ramos aseguró que la Consejería tratará de llegar al mayor número posible de personas pese a los recortes.
Así, se aprobará un plan anual de empleo, que hasta ahora no se había elaborado porque, según justificó la consejera, no se podía presentar un proyecto sin conocer la financiación del Gobierno central.
Ahora está en tramitación y "en breve" se comenzará con la fase de divulgación, igual que ocurrirá con el plan de acción contra el desempleo juvenil, que se basará en las conclusiones sacadas de las jornadas desarrolladas la pasada semana en Las Palmas.
Este programa se articulará en dos líneas: una dirigida a jóvenes menores de 30 años sin cualificación y otra orientada a los que sí están cualificados pero que el mercado laboral no absorbe.
Asimismo, sigue en pie el plan de choque general contra el paro presentado en febrero y para el que se habían presupuestado 75 millones de euros -28 de la Comunidad Autónoma-. "La Consejería no se puede quedar de brazos cruzados con la situación que vive el Archipiélago", enfatizó Ramos.
Dentro del total, se dispone de 30 millones para que las administraciones insulares y locales contraten desempleados. La convocatoria está en fase de evaluación y se prevé que pronto puedan adjudicarse las partidas.
Contratación municipal
A este respecto, Ramos acusó a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife de "maniobrar" para que los ayuntamientos y cabildos no participen en esa convocatoria del plan de choque.
En una carta, según la consejera, la Subdelegación advirtió de que la oferta laboral promovida por Empleo iba en contra del Real Decreto-ley 20/2011, que reguló el primer ajuste del déficit público del Gobierno central en esta legislatura. Ramos rechazó esta tesis y esgrimió en su contra dos informes requeridos por la Federación Canaria de Municipios, uno de ellos al Ministerio de Hacienda.
La titular de Empleo pidió "honestidad" a los responsables públicos que "enturbian" la gestión de las políticas activas de empleo.
En un comunicado, la Delegación del Gobierno en Canarias replicó que la Subdelegación tinerfeña no ha remitido ningún escrito a los ayuntamientos y señaló que solo ha instado al de El Rosario a cumplir lo dictado en el Real Decreto-ley 20/2011. Según informes de su Secretaría General y del Interventor Municipal, se podría vulnerar al contratar personal.