Mañana hace seis meses que ETA anunció el "cese definitivo" de su "actividad armada", una decisión que de momento ha cumplido, mientras el Gobierno se mantiene firme en no hablar ni con la banda terrorista ni con la izquierda abertzale.

El 20 de octubre del año pasado ETA declaró el cese de su actividad terrorista y, efectivamente, los asesinatos y las extorsiones han cesado, aunque en las últimas semanas ha habido un rebrote de la violencia callejera, con ataques a contenedores y quema de cajeros.

El Gobierno del PP se ha mantenido firme y, según sus responsables, no ha tenido contacto alguno con ETA, por lo que ha insistido en su posición de que lo único que espera de la banda es su disolución.

En la misma línea, el PP del País Vasco se ha negado a dialogar con la izquierda abertzale hasta que no condene la violencia. Uno de los líderes de la antigua Batasuna, Rufi Etxebarría, envió una carta a los ''populares'' vascos intentando abrir una vía de diálogo, con una respuesta gráfica de Antonio Basagoiti: "Que esperen sentados".

Descartada la negociación, ETA y la izquierda abertzale han centrado sus esfuerzos en la situación de los 700 presos de la banda -unos 560 en cárceles españolas-.

Aunque mantienen su reivindicación mayor -una solución colectiva, es decir, una amnistía- también ha habido continuas presiones, con manifestaciones y sucesivas declaraciones, a favor del acercamiento de los presos al País Vasco o de la puesta en libertad de los enfermos.

El Gobierno tampoco ha cedido y mantiene sin cambios la política penitenciaria. Tan solo se ha aceptado tácitamente la llamada ''vía Nanclares'', seguida por una veintena de reclusos de ETA internos en esta cárcel alavesa, que incluye el arrepentimiento y la petición de perdón a las víctimas, algo que no acepta el conjunto del colectivo de presos etarras.

Es la política a seguir con los presos la que ha llevado a discrepancias entre los partidos: aunque PNV y PSE también han reiterado a ETA que es impensable una amnistía, los dos están a favor de flexibilizar la política con los reclusos de ETA y acercarles al País Vasco.

Los "gestos" que se reclaman tienen un telón de fondo: la celebración de elecciones autonómicas vascas en la primavera de 2013 y el temor a que la izquierda abertzale practique el "victimismo" ante la falta de "avances" y sea premiada por el electorado con un gran resultado, como el que obtuvo en Guipúzcoa al ganar las elecciones locales.

Hasta ahora, y en los próximos meses, parece que los únicos movimientos han venido y vendrán desde los tribunales: el Constitucional ha apoyado la ''doctrina Parot'', que obliga a descontar los beneficios penitenciarios del total de las penas impuestas y no del máximo de cumplimiento efectivo.

Quedan pendientes dos decisiones de gran calado: una, la ratificación o no por el Supremo de la condena a Arnaldo Otegi, que conllevará su permanencia en prisión o su puesta en libertad, y otra, la del Constitucional sobre la legalidad de Sortu, el partido creado por la izquierda abertzale que fue "tumbado" por el Supremo.