El gobierno catalán considera que el copago sanitario adoptado por el ejecutivo central "no es suficiente", mientras que otros gobiernos autónomos, como Navarra y Canarias, han expresado hoy su rechazo, una postura que no comparten las comunidades de mayoría popular, como Madrid o Valencia.
Las comunidades en las que gobierna el Partido Popular han expresado su apoyo al pago de los medicamentos por parte de los pensionistas, en función de la renta y con un límite de 18 euros al mes, que anunció ayer la ministra Ana Mato, junto a otras medidas de copago, en el Consejo Territorial con las comunidades autónomas.
El gobierno catalán mantendrá el pago de un euro por receta que la Generalitat ya había introducido en el sistema sanitario de Cataluña, según ha indicado en una rueda de prensa el portavoz Francesc Homs.
Según Homs, resulta "ridículo" que el gobierno español "diga que no habrá copago sanitario, porque ya lo hay, y hay que decir las cosas por su nombre".
Todo lo contrario de lo expresado por la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, quien destacó que lleva "repitiendo hasta la saciedad" que mientras ella sea presidenta "en la Comunidad de Madrid no se establecerá el copago sanitario", concepto que ha diferenciado del "copago de medicamentos" que "en España existe desde tiempo inmemorial".
En este sentido, ha recordado que lleva meses defendiendo que el pago de medicamentos debería realizarse en función de la renta y no de la edad.
El rechazo a la medida ha sido protagonizado por Canarias y Navarra. La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, ha asegurado que el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, está en contra del copago.
Esa posición no es contraria a que, si el Estado lo impone, se intente que afecte lo menos posible a los ciudadanos y altere lo mínimo a su economía, ha dicho.
La explicación aclaraba las afirmaciones que Rivero hizo ayer: debe ser en función de la renta para que "no dañe a ningún segmento de la población".
Por su lado, la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, ha asegurado hoy que su Ejecutivo va a defender el régimen foral y va a cumplir la norma básica, pero ha reconocido que no le gusta que "los pensionistas tengan que hacer un esfuerzo adicional para pagar las medicinas".
Por su lado, el president de la Generalitat Valenciana, el popular Alberto Fabra, ha pedido la "comprensión y la complicidad" de los ciudadanos ante las medidas de ahorro que impulsa el Gobierno central, las cuales son "necesarias" para mantener el actual Estado del Bienestar.
El president ha recalcado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha encontrado con que "el anterior gobierno no hizo los deberes" porque no dejó los recursos necesarios para garantizar las actuales prestaciones sanitarias y educativas.
Miembros de otros gobiernos autónomos populares, como el consejero aragonés de Sanidad, Ricardo Oliván, o el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, han apoyado la decisión del ejecutivo del presidente Mariano Rajoy.
Oliván cree que sin medidas así el sistema nacional de salud y el aragonés estarían "abocados al desmantelamiento" y Esteban considera que aseguran la prestación sanitaria a los más necesitados y huyen "del despilfarro".
El consejero de Salud riojano, José Ignacio Nieto, ha valorado el ahorro que van a permitir, mientras que el extremeño Francisco Javier Fernández Perianes se ha mostrado "muy satisfecho" porque se garantizan la sostenibilidad del sistema sin merma de su calidad o de su justicia.
Las declaraciones más polémicas han venido del responsable de Sanidad de Castilla-La Mancha, quien ha declarado a La Cope que el copago de los medicamentos para los pensionistas "son cuatro cafés", algo que la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha considerado hoy "cruel" y "muy poco inteligente".