EL PASADO 13 de abril, el diario ABC nos ilustraba con parte del informe que el Tribunal de Cuentas había entregado al Congreso de los Diputados referente a la financiación de los partidos políticos en el ejercicio de 2007. Estamos en abril de 2012.

A uno, a mí, le sorprende la dilación con que estos informes del Tribunal de Cuentas, y de las Audiencias de Cuentas autonómicas, son presentados. Y, por desgracia, siempre reflejando conductas inadecuadas de los organismos controlados; lo que me lleva a pensar en aquello de "muerto el burro, la cebada al rabo". O sea, que las conductas inadecuadas de aquellos organismos seguirán produciéndose porque no manifiestan propósito de enmienda.

Es hiriente el incumplimiento, desde mi punto de vista, que manifiestan los partidos políticos a que se refiere el informe. Estos recibieron en 2007 más de 281 millones de euros (más de 46.781.000.000 de pesetas). Es hiriente que por parte de tales partidos políticos se produzcan irregularidades e incumplimientos de preceptos que establece la ley de financiación de los partidos políticos. Son los propios partidos que representan en el Congreso a la soberanía popular, que delega en ellos tal representatividad por vía de elecciones generales, los que incumplen las leyes que ellos mismos hacen y que del Congreso dimanan para el cumplimiento por parte de todos los españoles (incluidos catalanes, vascos y canarios). Que nacionalistas catalanes (CiU) y vascos (PNV) se manifiesten antiespañoles y, por tanto, incumplidores de otras cuantas y diversas leyes es algo que ya empacha, pero ¿y el nacionalismo canario (CC)?

El referido informe cita a Coalición Canaria como una organización política que, "teniendo operaciones de los tres tipos (subvenciones públicas, donaciones privadas y deudas con entidades de crédito), no ha incluido ninguna información en la Memoria" y que Coalición Canaria tampoco ha presentado las cuentas consolidadas de los partidos que la integran. ¿Qué dignidad le queda a don Paulino Rivero, en tanto que presidente del Gobierno, para exigir cumplimientos al Estado ni aun a los ciudadanos de esta comunidad?

En una de sus conclusiones, el Tribunal de Cuentas recuerda al Gobierno que la ley de financiación de los partidos políticos establece un régimen sancionador y que existen "dificultades" para su "aplicación", por lo que le insta a la "adopción de aquellas decisiones que se estimen pertinentes" con el fin de permitir su desarrollo. Esto es, el Congreso legisla algo con la imposibilidad, al parecer, de poderse aplicar a los partidos políticos que en "merienda de blancos" se han concitado a tal fin.

Qué decir de la deuda que tienen contraída con la banca, de la que se salva Nafarroa Bai, y que para aquel ejercicio suponía 227 millones de euros. Naturalmente, el mayor peso de la deuda lo tienen el PP y el PSOE. Deudas que, mucho me temo, la banca no ejecuta por aquello de estar a bien con el poder político (de ayer, de hoy y de mañana). Todavía me chirría aquella condonación de La Caixa al PSC (el de Cataluña). Este tratamiento diferente al que cualquier banco tiene con cualquier ciudadano ¿pudiera considerarse, acaso, como corrupción o cohecho?