Agentes de la Guardia Civil han imputado en Sevilla supuestos delitos continuados de falsedad documental, usurpación del estado civil e intrusismo profesional a un total de 13 personas, de los que cuatro son profesores de autoescuela y nueve son médicos que supuestamente emitían certificados para obtener o renovar el carné de conducir "sin cumplir los requisitos establecidos por la ley", de los que llegaron a beneficiarse personas que, por padecer "graves deficiencias físicas o enfermedades que podían afectar gravemente a la conducción", no reunían las condiciones para disponer de dicho permiso.

Concretamente, según ha informado la Benemérita en un comunicado, los reconocimientos médicos eran realizados por un único facultativo --cuando la ley establece que el equipo encargado de ello esté compuesto por un médico general, un oftalmólogo y un psicólogo-- en el interior de las aulas de autoescuela, ya que eran los titulares de dichos negocios quienes supuestamente invitaban a sus alumnos a realizar las pruebas en sus instalaciones, a las que se desplazaba físicamente un único médico.

Sin embargo, el Real Decreto 170/2010 establece que las pruebas médicas para obtener estos certificados han de verificarse en centros médicos, y también que son esos centros los que determinan "adaptaciones, restricciones u otras limitaciones" a personas que no reúnan "las aptitudes psicofísicas necesarias" para conducir o estén afectados por "alguna enfermedad o deficiencia" que los incapacite para ello.

La Guardia Civil comenzó a investigar estos hechos a finales del año 2011 a partir de las denuncias que presentaron algunos alumnos de autoescuela, en las que comunicaban que en esos establecimientos se estaban expidiendo los citados certificados de reconocimiento médico, y que las pruebas necesarias para ello se realizaban fuera de los centros autorizados.

Tras registrar tres centros de reconocimiento e intervenir en ellos informes médicos e historiales clínicos "dudosos", la Guardia Civil pudo esclarecer los hechos supuestamente fraudulentos e imputar por los mismos a trece personas, de las que nueve son médicos y cuatro, directores de autoescuela.