A MEDIDA que van apareciendo recortes, ajustes y un raudal de excelencias sobre la práctica aconsejable de lo austero (solo para los menos pudientes), vamos arribando a ciertas interpretaciones sobre algo que, hasta hace muy poco, apenas entendíamos. Como ningún gobierno, ni de izquierdas ni de derechas, se ha atrevido a entrar en los despachos de los gerifaltes banqueros, el único camino libre que les queda es truncar, con todas las consecuencias, el futuro de un pueblo que, a lo largo de su historia, no ha hecho otra que pagar impuestos para satisfacer los dispendios de una clase corrupta que, en los últimos días, ha dado muestras de encontrarse en un mundo distinto al que sus compatriotas llevan sobre sus espaldas. Educación y sanidad, debemos repetirlo una vez más, son los pilares fundamentales de una nación que debería tener ante sí un horizonte colmado de aciertos y de entusiasmos colectivos.

El Ejecutivo de Rajoy acaba de insultar al pueblo español, al canario, con una despedida masiva de profesores y medidas que afectan a la sanidad. Sin embargo, la casta política permanece incólume. Si 3.500 bajas en el profesorado canario se convertirán en un verdadero desastre para el sistema educativo del Archipiélago, más la subida de las tasas universitarias, no nos equivocaremos al afirmar que si se prescinde de la mitad de los políticos enchufados en cualquiera de las administraciones, se hubiera conseguido el mismo fin crematístico. Más alumnos en clase con menos maestros. Fórmula que, desde luego, no corresponde a un presidente de gobierno del que se esperaba que trazara un camino idóneo para abordar esta gravísima situación, tal y como el ciudadano la percibe.

Menos calidad en la formación, evitar caer enfermos y aunque Ana Mato anunció que no existirá copago sanitario, sí lo habrá farmacéutico para los jubilados, 10% de los fármacos, y para otras rentas más elevadas, a las que nada perjudica, un 60%. Como desea la directora del Fondo Monetario Internacional, para los mayores... mejor cascarla. Un panorama inimaginable hace unos meses, cuando el anterior gobierno, sin la menor vergüenza, propalaba la infamia de los brotes verdes. ¿Y si Rajoy se equivoca? ¿Y si Angela Merkel está provocando, inconscientemente, una guerra "sui generis"? ¿Otra vez Alemania?

Parece que todos los ministros, de uno u otro signo, están empecinados en contradecirse en sus manifestaciones. El del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunciaba una pronta reforma del Código Penal donde se contempla como delito de atentado a la autoridad "la resistencia pasiva o activa ante un ataque violento contra un policía", además de comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos. Se considerarán conductas violentas cuando estas se produzcan en manifestaciones o concentraciones. Asimismo, se incluirá como delito convocar concentraciones violentas por internet. Ante esto, tenemos la duda de que en el magín del nuevo ministro no cabe la posibilidad de que la sociedad española esté, en su conjunto y en su derecho, envuelta en un mundo de críticas políticas hacia una gestión equivocada, y sus cavilaciones vayan enfocadas solo a una serie de reventadores de manifestaciones pacíficas, cercanos a los indeseables terroristas, que tienen su campo de acción, principalmente, en el País Vasco y Cataluña, sin olvidar otras secuelas. Para el nuevo ministro, se trataría, preocupadamente, de preparar trincheras.

Pero he aquí que el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, horas más tarde, rectifica y afirma que no será delito ni convocar manifestaciones ni la resistencia pasiva, con lo cual ha insuflado una bocanada de aire fresco entre los que pensaban que se había regresado a épocas pasadas, donde la policía consideraba criminales a la oposición franquista (casos vivos tenemos por aquí). La realidad nos va acercando a percibir una razón justificativa de las declaraciones de los dos ministros que, con más datos que cualquier ciudadano de a pie, ven delante de sus narices un oscuro horizonte donde las protestas sociales en la calle se multiplicarán cuando se compruebe, día a día, que el Estado de bienestar se va al garete y que la banca y los poderosos continúan intocables. Si alguien se manifiesta y le expresa a un policía que se está muriendo de hambre, se ejercerá la fuerza contra él esgrimiendo las nuevas normas del Código Penal, propinándole un importante porrazo y acusándolo de atentado a la autoridad. Mientras, Rajoy y su equipo continuarán recortando y recortando hasta que asistamos al fin de España... en directo, con nosotros como protagonistas.